La liberación de un interno con capacidad de mando dentro del penal de El Castillo, en Mazatlán, precedió a los enfrentamientos armados que dejaron 12 muertos entre el 8 y el 9 de octubre.

Según el diagnóstico preliminar del Gabinete de Seguridad, la violencia surgió entre integrantes de la misma facción criminal de Los Chapitos, después de que el preso quedó en libertad.

La explicación a cargo del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, modifica la lectura inicial de los enfrentamientos: las autoridades federales no atribuyen esa riña a un choque directo entre Los Mayos y Los Chapitos, sino a disputas dentro de la segunda organización.

"Los reportes preliminares que tuvimos como Gabinete de Seguridad fue que una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario, del mismo grupo criminal, de la facción de los menores o de los Chapitos, fue liberado", precisó.

El funcionario explicó que la persona liberada ejercía un mando importante dentro del centro penitenciario y pertenecía a la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Tras su salida, internos identificados con el mismo grupo protagonizaron una riña que escaló hasta el uso de armas de fuego.

"Al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando, de los mismos menores o Chapitos, como se les llama, tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada y fue lo que provocó la riña", detalló.

Los enfrentamientos comenzaron el 8 de octubre y continuaron al día siguiente. Los reportes periodísticos documentaron 12 víctimas mortales, incluido un menor de edad que se encontraba de visita en el penal, además de personas lesionadas.

El saldo y la utilización de armas dentro de la prisión exhibieron las deficiencias de vigilancia y control que enfrenta el sistema penitenciario sinaloense. El penal ya había recibido observaciones por problemas de seguridad, personal y condiciones de internamiento.

El gobierno federal enfrenta ahora dos exigencias distintas: contener a las facciones que mantienen presencia en las cárceles sinaloenses y esclarecer las responsabilidades por la violencia que alcanzó incluso a las familias de los reclusos.

AL