Lucía Almaraz Cázarez, experta en control de la corrupción, criticó severamente que la propia Secretaría de Seguridad del Estado, institución cuyos elementos perpetraron las agresiones contra manifestantes afuera de Casa Jalisco, sea la encargada de conducir las investigaciones internas de sanción.

La académica enfatizó que en cualquier democracia de otro país un hecho de esta gravedad habría derivado en la dimisión inmediata del titular de la corporación:

"En otro país, el Secretario de Seguridad ya hubiera renunciado. Los policías solo ejecutaban órdenes de un mando superior; el verdadero responsable político e institucional debe asumir su responsabilidad y no buscar chivos expiatorios entre los elementos de menor rango", sentenció.

Almaraz Cázarez reprochó la inexistencia de un protocolo público, transparente y verificable para el manejo de protestas sociales en la entidad que se apegue a los estándares de legalidad emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La especialista subrayó que el conflicto tiene una doble vertiente de violación a los derechos fundamentales, el incumplimiento del derecho al agua, el Gobierno del Estado ha fallado de forma sistemática en garantizar agua limpia y potable a las familias de la metrópoli y la violación a la integridad personal, ya que se respondió con violencia física e intimidación policial ante la exigencia ciudadana de un servicio básico.

Asimismo, la investigadora advirtió que el uso de la fuerza policial no es un hecho aislado o inédito en la entidad. Recordó que durante la administración del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez se registraron episodios similares, como la represión a estudiantes que protestaban por el alza al pasaje del transporte público y las agresiones ocurridas en junio de 2020 tras el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, debido a que no portaba cubrebocas.

AL