La experiencia de las familias buscadoras y la necesidad de contar con una fiscalía especializada autónoma fueron algunos de los temas planteados durante la mesa de análisis para elegir a cinco integrantes del Consejo Ciudadano en materia de desaparición de personas en Jalisco. Marcela Romo, integrante del colectivo Luz de Esperanza, sostuvo que quienes han enfrentado la desaparición de un ser querido conocen las dificultades de los procesos de búsqueda y las omisiones institucionales.
Durante la sesión convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco se presentaron los perfiles de las cinco mujeres inscritas para integrar el órgano de consulta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda por un periodo de tres años.
Romo, quien acudió en representación de Liliana Guadalupe Mesa Gutiérrez, consideró que además de los conocimientos académicos, el consejo debe contar con personas que hayan vivido de cerca los procesos de búsqueda y puedan orientar a otras familias. Explicó que, pese a su formación como abogada, quedó bloqueada cuando desapareció su amiga Laura por no saber cómo iniciar los procedimientos.
También cuestionó las omisiones de las autoridades y la falta de respuesta ante las necesidades de las familias. Señaló que las personas buscadoras terminan realizando tareas de investigación y búsqueda que corresponden a las instituciones, incluso al exponerse a riesgos durante las jornadas en campo.
En cuanto a los perfiles para integrar el órgano de consulta del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, entre ellas se encuentra Blanca Estela Gutiérrez Viera, quien trabajó durante tres décadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); Patricia Jiménez Pulido, médica con formación en ciencias forenses y experiencia pericial; y los familiares de personas desaparecidas Leticia Cortés Martínez y Liliana Guadalupe Mesa Gutiérrez.
La quinta aspirante es Maribel Flores Salazar, fundadora y directora de la organización Alas de Libertad, quien refiere experiencia en defensa de derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.
La comisión informó que recibirá durante el resto de octubre observaciones por escrito sobre la idoneidad de las aspirantes o posibles conflictos de interés antes de acordar la propuesta legislativa correspondiente.
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