Organizaciones civiles, colectivos y comunidades de la Ribera de Chapala y de la Cuenca del Río Santiago rechazaron el esquema de contratación propuesto para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, al advertir riesgos de privatización de la gestión del agua, compromisos financieros de largo plazo y falta de información suficiente para evaluar su viabilidad.

Durante una rueda de prensa, los inconformes exigieron al Congreso de Jalisco frenar la aprobación de la iniciativa hasta que se revisen sus costos, alternativas técnicas, impactos ambientales y condiciones de financiamiento.

El proyecto, de acuerdo con los documentos analizados por las organizaciones, contempla compromisos de pago de hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años mediante el modelo de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO).

Aunque el Gobierno Estatal sostiene que el esquema no implica la privatización del agua, los colectivos señalaron que la participación de una empresa privada durante dos décadas o más en funciones estratégicas del sistema de abastecimiento podría limitar el control operativo del sector público.

Los representantes también cuestionaron que la magnitud de los compromisos financieros no esté acompañada de una evaluación que demuestre que la contratación propuesta resulta más conveniente que construir y operar la infraestructura mediante inversión pública directa.

De acuerdo con la revisión ciudadana del expediente, se identificaron 146 observaciones y 52 contradicciones entre los documentos oficiales, por lo que solicitaron una revisión pública antes de que el Legislativo tome una decisión.

Entre las inconsistencias señalaron diferencias entre el costo de construcción anunciado y las obligaciones financieras previstas. Mientras la obra se presenta con un costo de 11 mil 922 millones de pesos, los pagos contractuales podrían alcanzar 39 mil 689 millones a 20 años y 48 mil 296 millones a 25 años, según el pronunciamiento.

Los montos incluyen financiamiento, operación y mantenimiento a precios de agosto de 2026, sin IVA. En marzo de este año, recordaron, el costo anunciado del proyecto era de 6 mil 500 millones de pesos.

También cuestionaron la actualización del análisis costo-beneficio, que en marzo de 2026 consideró una inversión aproximada de 8 mil 762 millones de pesos, cifra inferior a la presentada posteriormente al Congreso.

“La cifra presentada al Congreso es alrededor de 36 por ciento superior, cuando el propio estudio contempla un margen de incremento de 21.1 por ciento antes de perder rentabilidad social. Además, los diseños comparados presentan diferencias, por lo que se requiere una nueva evaluación”, expusieron.

A ello se suma una diferencia en las especificaciones técnicas: el proyecto ejecutivo publicado contempla una tubería de 106 pulgadas y una capacidad máxima de 10 metros cúbicos por segundo, mientras que la iniciativa legislativa considera 96 pulgadas y hasta ocho metros cúbicos por segundo.

Los colectivos señalaron que la versión ajustada que el Gobierno afirma contar con la validación de la Comisión Nacional del Agua no aparece en el expediente público revisado.

El señalamiento cobra relevancia, indicaron, porque las autoridades han planteado que la extracción del Lago de Chapala no superará los 7.5 metros cúbicos por segundo, mientras que el análisis costo-beneficio contempla un incremento de 25 por ciento respecto al promedio histórico de los últimos 25 años.

Las organizaciones también señalaron que los antecedentes técnicos registran que trabajos de limpieza realizados entre 2000 y 2001 recuperaron aproximadamente 1.24 metros cúbicos por segundo de capacidad; sin embargo, afirmaron que no se ha presentado una evaluación integral de los costos y beneficios de rehabilitar la infraestructura existente.

También reclamaron que no se comparen de manera suficiente otras alternativas, como la reparación de fugas, el saneamiento de las fuentes de abastecimiento, la reutilización del agua y la recuperación de la capacidad instalada.

En su planteamiento, la crisis hídrica de Guadalajara no puede atenderse únicamente mediante nuevas obras de conducción, sino con una política que incluya la restauración del Lago de Chapala, los ríos, los acuíferos y las redes de distribución.

Sostuvieron que los objetivos deben atenderse de manera conjunta, con medidas para reducir la contaminación, controlar las descargas ilegales y mejorar la infraestructura existente.

Asimismo, señalaron presuntas negativas de acceso a la información y falta de documentos técnicos, financieros y ambientales necesarios para conocer los alcances de la obra.

Ante ello, solicitaron la realización de audiencias públicas, la comparecencia de las autoridades responsables y la participación de especialistas independientes antes de que el Congreso dictamine y vote la iniciativa.

Entre sus exigencias también incluyeron transparentar las obligaciones financieras multianuales, publicar el comparador público-privado y someter a una revisión independiente el análisis costo-beneficio, así como elaborar un balance hídrico integral de Chapala que contemple escenarios de sequía y necesidades ambientales.

GR