Las manifestaciones ciudadanas registradas el 11 y el 18 de octubre en Guadalajara dejaron al descubierto que el Estado y la Secretaría de Seguridad carecen de coordinación, inteligencia y estrategia táctica para la contención o disuasión de marchas, transitando de la represión brutal a la omisión absoluta, denunció Rogelio Barba Álvarez, investigador del CUCSH de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El especialista en ciencias penales contrapuso la actuación policial de ambas fechas: mientras el 11 de octubre se desató una represión injustificada que derivó en agresiones y detenciones arbitrarias afuera de Casa Jalisco, el 18 de octubre las corporaciones incurrieron en omisiones graves que permitieron destrozos en el patrimonio metropolitano, cuyo costo de reparación superará los 15 millones de pesos.

Barba Álvarez enfatizó que los cuerpos de seguridad actuaron al margen de los estándares internacionales de actuación y del propio marco constitucional del país.

El especialista recordó la existencia del Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el cual establece protocolos estrictos sobre el uso gradual de la fuerza, maniobras de repliegue y manejo adecuado de infractores, lineamientos que los mandos locales desconocieron o ignoraron por completo.

Asimismo, recriminó que, a pesar de los millonarios recursos asignados a la Secretaría de Seguridad, la dependencia no ha demostrado la menor capacidad técnica ni inteligencia operativa para gestionar disturbios urbanos.

Ante los señalamientos del gobernador Pablo Lemus Navarro sobre la supuesta infiltración de grupos o personas provenientes de otras entidades del país con intereses políticos, Barba Álvarez instó al Ejecutivo a dejar de buscar culpables externos y concentrarse en resolver las fallas institucionales para prevenir futuros altercados.

Finalmente, el investigador reprochó el desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), señalando que el organismo guardó silencio tras las violaciones cometidas durante la protesta del 11 de octubre:

"Es condenable que la CEDHJ, a pesar de haber contado con personal desplegado en el lugar observando las agresiones y las detenciones, no emitiera un pronunciamiento inmediato ni exigiera rendición de cuentas", concluyó.

AL