Tres mujeres que laboraban en una escuela privada para niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA), ubicada en la colonia La Calma, en Zapopan, fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de maltrato infantil y responsabilidad profesional y técnica, en agravio de nueve menores de entre tres y ocho años.

La Fiscalía del Estado informó que las investigaciones corresponden a hechos ocurridos durante 2025, luego de que padres de familia denunciaron presuntas agresiones y malas prácticas en el plantel educativo.

De acuerdo con una de las denuncias, el padre de una de las víctimas observó en un video cómo una de las señaladas, junto con otras personas del personal, jalaba y gritaba a una niña para obligarla a ingresar a un salón. Además, la menor había presentado hematomas que presuntamente podrían estar relacionados con lo ocurrido en la escuela.

Otra de las prácticas bajo investigación consiste en envolver a las niñas y niños en tapetes para controlar las crisis asociadas con su condición autista, según la información ministerial.

La Fiscalía señaló que las indagatorias identificaron a nueve posibles víctimas. La precisión de las fechas de las presuntas agresiones ha sido complicada debido a que algunos de los menores presentan dificultades del habla.

Las mujeres señaladas son Martha Gabriela “N”, identificada como propietaria del establecimiento; Jessica Paola “N”, directora, y Ximena “N”, quien se desempeñaba como cuidadora.

El caso es investigado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. En junio de 2025, la Fiscalía realizó un cateo en el plantel como parte de las indagatorias.

Durante la audiencia de continuación, celebrada el pasado 21 de octubre, un juez determinó vincular a proceso a las tres mujeres por ambos delitos, en la modalidad de dolo eventual.

Como medidas cautelares, se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal, la prohibición de acercarse a las víctimas y de acudir a determinados lugares, así como la suspensión temporal de sus actividades laborales. Estas medidas tendrán una duración de seis meses.

AL