La construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara refleja un buen entendimiento entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Jalisco; sin embargo, las obras de infraestructura serán insuficientes si no se complementan con una estrategia de inspección y vigilancia sobre las descargas contaminantes e irregulares, advirtió la directora del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA A.C.), Raquel Gutiérrez Nájera.

La académica criticó que la discusión pública se haya centrado en los presupuestos y la ingeniería de la obra, desplazando la perspectiva de derechos humanos y el acceso al agua potable.

Gutiérrez Nájera expuso que en la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico existe un grave desorden administrativo e hidrológico donde hay siete concesiones de extracción por un permiso de descarga autorizado, generando una sobreexplotación y una contaminación del recurso.

Urgió a crear un ente regulador o bien que la Federación asuma plenamente esas facultades, para supervisar las descargas industriales y aplicar sanciones severas; de lo contrario, la mala calidad del agua persistirá en los hogares tapatíos.

Asimismo, planteó la creación inmediata de una Contraloría Ciudadana que vigile la ejecución de las obras y el destino del gasto público, garantizando transparencia.

Respecto a la infraestructura ya existente, la especialista precisó que el primer acueducto debe someterse a procesos de restauración y limpieza, conectando estas acciones con el plan nacional de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Gutiérrez Nájera recalcó que el financiamiento público sin endeudamiento es un logro de la movilización social que frenó la privatización. No obstante, exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos y vigilantes, para asegurar que las políticas del agua tengan una perspectiva de derechos humanos e inclusión social, y no terminen beneficiando a los grandes concesionarios privados.

AL