Un fallo judicial que autoriza convivencias dentro de un penal entre menores de edad y el presunto autor intelectual del feminicidio de su madre, sienta un precedente a nivel nacional y ha llevado el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció la abogada defensora Pamela Pinedo.
Tras el asesinato de Angela Birkenbach, una empresaria canadiense al interior de su complejo turístico en Nayarit, las autoridades detuvieron a Alejandro ‘N’ como autor material y a Sergio ‘N’, esposo de la víctima, como probable autor intelectual del crimen, cuyo móvil apunta al despojo de la herencia a través de sus hijos. A pesar de que la hija menor figura como testigo de cargo contra su padre, un juez federal le otorgó a Sergio ‘N’ un amparo para recibir las visitas de los menores en el centro penitenciario donde permanece recluido.
“No se puede permitir que se den estas convivencias ilegales, que vulneran el interés de la infancia, van contra la moral y mantienen un círculo de violencia que pretendemos que la Corte frene de manera definitiva”, aseveró la abogada, confirmando que la SCJN ejerció su facultad de atracción y mantiene abiertos dos expedientes relacionados con las convivencias en este caso.
Aunque el proceso penal por feminicidio se desahoga en Nayarit, las secuelas jurídicas y de custodia se concentran en Guadalajara, Jalisco, donde los menores residen bajo el cuidado de su tía paterna, Primavera Romero.
Pinedo advirtió que la dispersión en tres jurisdicciones distintas ha generado un vacío normativo: mientras Jalisco carece de una norma clara para suspender de forma expedita la patria potestad al imputado, en Nayarit dicha medida procedería bajo la vigencia de la Ley Monzón (la cual surgido tras el feminicidio de Cecilia Monzón en Puebla para retirar la custodia a padres vinculados a proceso por este delito).
La defensa legal alertó sobre el intento de la tía paterna, quien laboró en el Órgano de Vigilancia del Consejo de la Judicatura de Jalisco, por ostentarse como albacea de los bienes de Birkenbach, desplazando al hermano de la víctima, un joven de 30 años con plena capacidad legal para administrar el complejo turístico.
Ante esta situación, la abogada hizo un llamado al Poder Judicial de Jalisco para revisar la actuación del titular del Juzgado Tercero de lo Civil, Óscar Munguía, por avalar medidas que favorecen las visitas en el penal, e instó al DIF Jalisco a investigar el desempeño de Sandra Reyes, funcionaria de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), por presuntas irregularidades en la tutela de los menores.
Finalmente, Pinedo enfatizó que este litigo busca marcar un parteaguas constitucional para prohibir expresamente que las víctimas indirectas de un feminicidio sean obligadas a convivir con el agresor de su madre, o al menos exigir dictámenes y evaluaciones psicológicas rigurosas antes de emitir cualquier resolución judicial.
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