El Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco declaró improcedente la consulta popular que buscaba preguntar a la ciudadanía si el gobierno estatal debía firmar un convenio con la Federación para garantizar la pensión universal a personas con discapacidad.
La solicitud reunió 8 mil 219 firmas, pero el organismo determinó que el tema no podía someterse a votación por involucrar derechos constitucionales y compromisos presupuestales.
El dictamen fue aprobado con 13 votos a favor y dos en contra durante la quinta sesión extraordinaria del Consejo, celebrada el 6 de noviembre.
Entre los argumentos jurídicos para declarar improcedente el mecanismo se expuso que la pensión para personas con discapacidad ya está reconocida como un derecho en el artículo cuarto constitucional, por lo que su cumplimiento no puede quedar sujeto a la aprobación o rechazo de una mayoría. Actualmente el estado solo da pensión hasta los 29 años.
También se señaló que la firma del convenio implicaría compromisos financieros que corresponden a las facultades del Poder Ejecutivo y que la legislación prohíbe someter a consulta popular asuntos relacionados con ingresos, gastos y presupuesto.
En el aspecto económico, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) informó que la incorporación de Jalisco al convenio federal requeriría una aportación estatal de mil 654 millones 369 mil pesos, equivalente a 24 veces el presupuesto actual destinado al programa Yo Jalisco, que entrega 4 mil pesos bimestrales a 4 mil 270 personas cuidadoras.
A su vez, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) estimó que organizar la consulta tendría un costo de 22 millones 546 mil 230 pesos, mientras que la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) informó que no existe suficiencia presupuestal para cubrir ese gasto.
Durante la discusión, Paulina Guadalupe Álvarez Jasso cuestionó la improcedencia y sostuvo que el Consejo debía garantizar el derecho a la participación ciudadana. Argumentó que la consulta no pretendía decidir si las personas con discapacidad tienen derecho a una pensión, sino permitir que la ciudadanía se pronunciara sobre la firma de un convenio como instrumento administrativo para garantizarla.
Aunque rechazó la consulta, el Consejo recomendó establecer mesas de trabajo y comparecencias públicas entre la SSAS, otras dependencias estatales y colectivos de personas con discapacidad con el propósito de analizar alternativas administrativas y financieras para atender sus demandas.
BG
