El resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos modifica el equilibrio político con el que Donald Trump enfrentará la segunda mitad de su mandato, luego de que el Partido Demócrata obtuviera el control en ambas cámaras del Congreso y se alzara con 23 de las 36 gubernaturas en disputa.
La inconformidad del electorado por el costo de vida, la inflación, la economía, la guerra injustificada con Irán y las operaciones de control migratorio pesaron en la decisión de millones de votantes para cambiar el rumbo en ese país.
El tiempo apremia y la nueva mayoría demócrata tiene el reloj en contra para ejercer la supervisión legislativa, revisar presupuestos; solicitar información e investigar las actuaciones de las agencias federales. Aun con la mayoría en el Congreso, este poder no puede controlar al Ejecutivo ni desmantelar de inmediato sus políticas.
A nivel estatal, Hinojosa, Becerra y demás gobernadores electos tendrán la oportunidad y la responsabilidad de trabajar para garantizar la protección y el acceso a servicios, acompañar a las comunidades y facilitar mecanismos seguros para documentar y denunciar abusos; además de defender el debido proceso y proteger los derechos de todas las personas, sin importar su origen o condición migratoria.
Trump, por su parte, ya reorganiza su equipo. Tras la derrota republicana designó a Stephen Miller –uno de los principales impulsores de las políticas migratorias y de seguridad– como jefe de gabinete en la Casa Blanca. Este nombramiento deja en claro que no habrá necesariamente una moderación en la estrategia migratoria, con todo y que públicamente el presidente reconoció los costos de esta política y que abriera la posibilidad de negociar un acuerdo bipartidista en esta materia.
Para las comunidades migrantes que residen en los Estados Unidos, el cambio solo llegará cuando prevalezca el Estado de derecho; cuando tengan seguridad para salir a sus trabajos, a llevar a los hijos a la escuela, cuando acudan sin temor a una cita médica. Esto es, cuando logren un acuerdo justo para la regularización migratoria y prevalezcan la justicia y el respeto a sus derechos. Porque no se trata de sustituir un discurso político por otro, se trata de que ninguna persona tenga que vivir con miedo por su origen y que ninguna familia sea separada arbitrariamente y que ninguna autoridad esté por encima de la ley.
Y es que, cuando la autoridad detiene sin respetar garantías, intimida a quienes documentan sus operativos o limita las posibilidades de denunciar, no solo vulnera a la población migrante; también pone a prueba el Estado de derecho y las instituciones que deben proteger a todas las personas. Las urnas abrieron una oportunidad para recuperar contrapesos; convertirla en garantías concretas será la verdadera medida del cambio.
En México, los resultados de esta contienda importan, porque millones de familias mantienen vínculos en ambos lados de la frontera y cualquier cambio en la política estadounidense repercute en sus familias; en nuestras comunidades y en nuestras economías.
BG/I
