La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) impuso una inhabilitación de un año a Martín Borrego Llorente, exjefe de la Oficina de la entonces canciller Alicia Bárcena, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, por utilizar canales institucionales para gestionar la realización de su boda en el Museo Nacional de Arte (Munal).
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, la sanción se deriva de una investigación administrativa sobre el evento celebrado el 4 de octubre de 2024, cuando Borrego solicitó el uso del recinto cultural bajo el argumento de que se realizaría una ceremonia para conmemorar el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania.
Sin embargo, en el inmueble se llevó a cabo su enlace matrimonial con Ionut Vâlcu, quien entonces se desempeñaba como jefe de misión adjunto de la Embajada de Rumania en México.
Para gestionar el espacio, el exfuncionario utilizó su cuenta de correo electrónico institucional cuando todavía ocupaba la jefatura de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El caso se hizo público en diciembre de 2024, cuando Borrego ya trabajaba en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se desempeñaba como coordinador de Contacto con la Ciudadanía.
Tras la difusión de los hechos, presentó su renuncia a esa dependencia y reconoció que fue impropio utilizar un correo institucional para solicitar el espacio sin conocimiento de su superiora, aunque sostuvo que el evento fue privado y se pagó con recursos personales.
En una carta dirigida a Alicia Bárcena, el exfuncionario señaló que no hubo dolo ni afectación al erario, pero admitió que la gestión debió realizarse por otros medios.
Por su parte, Bárcena explicó que asistió al encuentro de buena fe, bajo el entendido de que se trataba de una recepción diplomática.
Con la resolución de la SABG, Martín Borrego quedó inhabilitado durante 12 meses para desempeñar funciones dentro de la Administración Pública Federal, como consecuencia de las irregularidades administrativas relacionadas con la gestión del recinto cultural.
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