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La tibieza desprotege a manifestantes 

Frente a las instituciones públicas que suelen cometer violaciones a los derechos humanos, los organismos defensores de estos derechos no deben ser complacientes, ni omisos, ni responder a otros intereses que no sean los de las víctimas. 

En la defensa de las personas que resultan agraviadas no caben las medias tintas, las simulaciones burocráticas o las argumentaciones que las colocan en situaciones aún más vulnerables, al no cubrirlas con el escudo protector que debieran ser las leyes. 

Las comisiones que tienen bajo su responsabilidad la custodia de los derechos humanos pierden legitimidad, credibilidad y sentido cuando no cumplen sus funciones, por las razones que sean. 

Donde hay dolor y sufrimiento, saña contra ciudadanos, familias o comunidades, por parte de dizque servidores públicos, los organismos de los tres niveles de gobierno, incluidas las escasas comisiones municipales de derechos humanos, tienen que actuar con firmeza, sin concesión alguna, para visibilizar atropellos y que los señalamientos deriven en actos de justicia.  

La confianza en las comisiones nacional y de Jalisco se erosiona o se solidifica, según sea su actuación ante violaciones de derechos humanos. Sus tibiezas y omisiones las perjudican. Sus posturas del lado de los victimarios las convierte en cómplices. 

En el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), especialistas, colectivos y asociaciones han denunciado su inclinación hacia el gobierno federal en temas graves, como sucede, por ejemplo, con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa que estudiaban para ser profesores. 

A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) muestra su desvarío, ceguera y falta de protección a las víctimas en el caso de las personas reprimidas con gas lacrimógeno, chorros de agua a presión, golpizas, torturas y detenciones ilegales en frente y dentro de Casa Jalisco, cuando el 11 de octubre protestaban por la falta de agua potable. 

Los testimonios de las víctimas desmienten que no hayan ocurrido actos de tortura, como sostiene la CEDHJ. Durante su reclusión temporal en Casa Jalisco, en su traslado y en las propias instalaciones de la Fiscalía del Estado se cometieron ilícitos contra personas, con personal de la comisión presente. 

De poco sirve que la comisión diga que “continúa siendo fundamental esclarecer los señalamientos sobre el posible uso excesivo de la fuerza policial y el presunto incumplimiento de los protocolos de actuación, a partir de la evidencia disponible y con objetividad”, cuando en los hechos la represión fue salvaje. 

Con su tibieza, la CEDHJ se pone del lado del gobierno estatal, que hasta ahora ni siquiera ha señalado quiénes dieron las órdenes de agredir a los manifestantes y, en el caso de que hayan sido mandos intermedios, cómo fue que lo avalaron los responsables de la seguridad en Jalisco. 

En eso se parece la administración estatal a la anterior, que cometió graves atentados el 5 de junio de 2020, también contra manifestantes que protestaban por el asesinato del joven Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

A los dos gobiernos estatales surgidas de Movimiento Ciudadano les causan escozor las manifestaciones pacíficas y críticas, donde las represiones han contado con el silencio cómplice del propio partido, que ha callado tanto en la de 2020 como en la de 2026. 

Así como en el caso Ayotzinapa la CNDH encubre y solapa, la CEDHJ hace lo mismo con las violaciones a derechos humanos de los manifestantes del 11 de octubre. 

@SergioRenedDios 

BG/I

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