Decenas de tractores no trabajaron ayer para las siembras; sus propietarios los usaron para bloquear carreteras de Jalisco. Señalaron que no les han cumplido ni el gobierno estatal ni el gobierno federal: apoyos para resarcir sus pérdidas por los bajos precios de garantía por tonelada de maíz. No los convencieron los llamados a mesas de trabajo de la Secretaría de Gobernación, ni que les dijeran que las puertas están abiertas para el diálogo; demandaron soluciones. Su protesta ocasionó caos carreteros, largas hileras de automotores. Finalmente, hubo acuerdos y anoche desbloquearon.
En el caso de Jalisco, todo parecía sin conflictos… hasta hace días. La semana pasada, el 13 de noviembre, en la glosa del segundo Informe de Gobierno, el titular de la Sader, Eduardo Ron Ramos, informó que para atender el mercado de granos básicos se destinaron más de 142 mdp a un incentivo estatal de 150 pesos por tonelada de maíz blanco, que se sumó al apoyo federal de 800 por tonelada, gestionado con productores y gobiernos de estados vecinos, para dar certidumbre frente a las cotizaciones de la Bolsa de Chicago, el tipo de cambio y los costos de internación, alcanzando un cumplimiento de pago cercano a 99 por ciento en 12 mil 338 expedientes solventados. Lo hecho, pues, no satisfizo a productores de maíz.
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¿Quiere conocer la versión oficial de los avances y proyectos sobre el transporte en Jalisco? Lea el comunicado del gobierno del estado sobre la comparecencia del titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, en la glosa del segundo informe ante los legisladores del Congreso del Estado. Destacó, por ejemplo, el crecimiento en la oferta de los sistemas de transporte público masivo, incluido el arranque de las líneas 4 y 5, y los subsidios a la tarifa del transporte público.
¿Desea conocer la versión crítica? Conozca los señalamientos de los diputados de oposición, que lo tundieron duro por temas como la calidad del servicio, cobertura de rutas, frecuencia de paso, condiciones de accesibilidad, destino de las “alcancías rateras”, subsidios a concesionarios, cobertura de taxis en el interior del estado, la regulación de motocicletas, las condiciones laborales de los operadores, etcétera… Críticas, abundan…
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Mientras en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana guardan silencio por los pagos que superan el millón de pesos en los finiquitos de la ex presidenta Paula Ramírez y el ex secretario ejecutivo Christian Flores Garza, la Contraloría del Estado recibió una denuncia para que intervenga y lleve a cabo una investigación. La presentó el presidente de la organización Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz. Recordemos que Paula Ramírez cobró 420 mil pesos, de los que más de 245 fueron por concepto de vacaciones, un monto que no correspondía porque son 48 días de salario y las normas internas permiten acumular un máximo de 30; eso, sin contar que en ningún lado hay documentos que respalden el cálculo.
Flores Garza recibió más de 684 mil pesos, que corresponden a una indemnización basada en un artículo del Código Electoral que habla de lo que ocurre cuando un trabajador gana un juicio de reinstalación y no lo regresan a su trabajo, que no aplica para este caso. Ahora a esperar que se abra la investigación… y falta conocer a fondo el paso taddeista por el instituto…
BG/I









