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Advierten opacidad y cambios territoriales para abrir paso a termoeléctrica en Acatlán de Juárez

Advierten opacidad y cambios territoriales para abrir paso a termoeléctrica en Acatlán de Juárez

La modificación de un instrumento de política pública diseñado originalmente para proteger los ecosistemas, como el ordenamiento ecológico territorial, con el fin de abrir paso a la urbanización e industrialización sin consulta previa resulta alarmante, pues trata el entorno como un espacio vacío a disposición de intereses privados, advirtió Carla Flores, coordinadora de investigación en la asociación civil especializada en información geoespacial CartoCrítica.

La especialista reprochó la opacidad y la ausencia de una perspectiva territorial en el proceso que busca dar cabida a la Central de Ciclo Combinado en Acatlán de Juárez. Puntualizó que, dada la magnitud del polígono involucrado (que supera las 700 hectáreas de zonas previamente catalogadas de preservación), el ordenamiento local resulta insuficiente y exige activar otros instrumentos normativos y evaluaciones de competencia federal que no fueron considerados.

Flores aclaró que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y las autorizaciones derivadas constituyen únicamente requisitos administrativos que deben cubrir, pero advirtió que contar con dichos permisos no garantiza que no habrá deterioro ecológico ni protege por sí mismo a las comunidades frente a los daños.

En ese sentido, sostuvo que la planeación territorial no debe limitarse a "armonizar" documentos con los planes parciales de desarrollo urbano, sino que requiere articularse de fondo con los ciclos de los ecosistemas y la participación efectiva de la sociedad civil.

Finalmente, la coordinadora de CartoCrítica subrayó que existe amplia evidencia científica que demuestra que la operación de centrales de ciclo combinado no solo genera electricidad, sino también contaminación del aire, suelo y cuerpos de agua, además de enfermedades asociadas a la acumulación de metales pesados y crisis ambientales que pondrían en riesgo directo a la Laguna de Atotonilco.

Ante este panorama, invitó a los habitantes de la región a buscar asesoría jurídica para promover recursos de impugnación y exigir el derecho de las comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones sobre su territorio.

 

AL