El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) expresó su preocupación de que intereses partidistas o influencias políticas al interior del Congreso de Jalisco operen para proteger a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, y frenen la solicitud de juicio político interpuesta en su contra por las omisiones registradas durante la manifestación del pasado 11 de octubre.
La directora del organismo civil, Denisse Montiel, advirtió que, aunque el juicio político representa una vía jurídica legítima para exigir consecuencias frente al desempeño de la funcionaria, al encabezar un ente autónomo sujeto a destitución e inhabilitación, la resolución final depende de los legisladores, quienes tienen el mandato de velar por las garantías no solo de las víctimas, sino de la ciudadanía en general.
En ese sentido, recordó que desde su designación se documentó que Godínez González no cumplía con los requisitos legales establecidos para presidir la comisión, antecedente que, señaló, evidencia el riesgo de que no prospere el procedimiento en el Legislativo.
Respecto a los hechos que originaron la demanda, Montiel advirtió que la CEDHJ incumplió con sus obligaciones constitucionales básicas para proteger a las 39 personas detenidas el 11 de octubre, quienes denunciaron actos de tortura, incomunicación y desaparición forzada de corta duración.
Detalló que, ante las múltiples detenciones, la defensoría tenía el deber prioritario de garantizar la integridad de las víctimas; sin embargo, lamentó que, aunque personal de la comisión recabó los datos de las personas arrestadas, omitió establecer comunicación inmediata y efectiva con sus familiares.
Asimismo, señaló que el organismo tampoco verificó que se brindara atención médica oportuna ni facilitó el contacto de los detenidos con abogados de su confianza, vulnerando su derecho a una defensa adecuada. Ante la gravedad de estas fallas, Montiel acusó que la actuación de la comisión no se reduce a simples omisiones administrativas, sino que apunta a una posible participación en actos de tortura y desaparición forzada.
AL









