Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) se celebró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se retome la discusión sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa dado que Jalisco es uno de los estados que más la implementa como medida cautelar.

Pese a la celebración, desde la agrupación se lamentó que la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal se oponga y, además, utilice un discurso alarmista alejado de la realidad.

“Resulta sumamente lamentable, riesgosa y desafortunada, ya que refuerza muchos de los mitos, muchos de los prejuicios que existen en torno a las personas privadas de la libertad y, además, está cargada de diversas mentiras”, dijo Denisse Montiel Flores, codirectora de la organización.

La titular de la Segob, María Luisa Alcalde Luján, dijo que eliminar la prisión preventiva oficiosa supondría la liberación de miles de personas detenidas, lo que no es del todo cierto, precisó Montiel Flores.

“Tocaría a las y los jueces y tribunales de las 32 entidades federativas a revisar caso por caso y tendrían que determinar si las personas que actualmente se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa, continúan presas o si más bien se les aplica alguna otra de las medidas cautelares que se encuentran contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En total, añadió, son 13 medidas cautelares las que se pueden determinar en lugar de la prisión preventiva oficiosa, incluso se puede recurrir a la prisión preventiva justificada si la revisión del caso determina que la persona detenida es un riesgo para la población.

Finalmente, puntualizó que la prisión preventiva oficiosa, al menos hasta ahora, “no ha generado mayor seguridad, no ha generado la disminución de la comisión de los delitos, ha generado solamente que más personas estén en prisión, ha generado que contemos con centros penitenciarios que están sobrepoblados”.

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