Omisión de Alfaro pasa factura a desaparecidos

Cuenta con apenas 11 millones de pesos para 2025

CAMBIO. Tras la decisión del gobierno de Alfaro Ramírez, la administración actual se comprometió a volver a integrar los casos de personas desaparecidas al Rnpdno. (Foto: Michelle Vázquez)

El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez decidió dejar de reportar casos de personas desaparecidas en Jalisco al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) desde marzo de 2022, decisión que tuvo consecuencias en el presupuesto que el gobierno federal envió al estado en 2024 y 2025 para acciones de búsqueda.

Cada año el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dispone de recursos para distribuir entre todas las comisiones locales de búsqueda, pero en 2024 y 2025 la cantidad de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas se convirtió en pieza clave para la distribución de ese dinero, de acuerdo con los lineamientos de los recursos.

Jalisco, al no reportar casos al Rnpdno, recibió menos presupuesto federal a pesar de ser el líder en México en personas desaparecidas. Para 2025 se proyectan para Jalisco únicamente 11 millones 75 mil 909 pesos del gobierno federal, convirtiéndose en el décimo estado con menos presupuesto.

La fórmula para la distribución de recursos en 2025 es la misma que en 2024. Consiste en multiplicar por 100 la cantidad personas desaparecidas, no localizadas y localizadas integradas en el año anterior (2024) al Registro Nacional. El resultado se multiplica por la resta del dinero disponible para el año fiscal y el dinero ministrado el año anterior a nivel nacional, y al final se suma el presupuesto federal ejercido por la comisión local de búsqueda en el año anterior. Esto es igual para todos los estados.

Para 2025 la CNB tuvo una bolsa de 621 millones 127 mil 556.56 pesos para distribuir entre las 32 comisiones locales. El problema fue que Jalisco integró sólo 190 casos al Rnpdno: 160 personas desaparecidas y 30 localizadas, cuando, según datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), hubo 3 mil 299 personas desaparecidas y localizadas el año anterior, lo que implica una diferencia de 3 mil 109 reportes.

Si se toma en cuenta la cifra estatal, Jalisco sería la segunda entidad con más casos, sólo después del Estado de México, pero con los datos del Registro Nacional fue la sexta entidad con menos reportes. De ahí que la Cobupej fuera relegada en el presupuesto.

Reconocen consecuencias

La Cobupej no es ajena a esta situación y reconoció que la omisión generada por el gobierno estatal pasado se ve reflejada en menor presupuesto federal.

La dependencia detalló que la decisión de no enviar datos al Registro Nacional coincidió con un cambio en el cálculo de la distribución de los recursos que le da mayor peso al Rnpdno y, además, aumentó la burocracia.

“Para 2025 uno de los puntos que afectó la asignación de recursos se debió a que la fórmula para la distribución de los recursos del programa presupuestario toma como base el número de registros de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad federativa reportado en 2024, lo que afectó directamente, ya que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) en el caso de Jalisco no hubo una actualización”, reconoció la Cobupej en una ficha informativa entregada a NTR.

En pesos, la decisión de la administración estatal pasada se tradujo en que mientras en 2023 la Cobupej tuvo una asignación ordinaria de 24.28 mdp, para 2024 se redujo a 10.49 mdp y para 2025 fue de los 11 millones referidos.

En abril, el gobierno de Jalisco se comprometió a volver a integrar los casos de personas desaparecidas al registro nacional. De cumplirse, en 2026 podría verse reflejado en mayor presupuesto para buscar a las personas desaparecidas.

No es prioridad para diputados atender el reclutamiento forzado

Pese a la exigencia de colectivos y lo ocurrido sin en el Rancho Izaguirre, el reclutamiento forzado de jóvenes y adolescentes en Jalisco y México sigue ser una prioridad en los Congresos, lamentó Héctor Flores González, vocero del colectivo Luz de Esperanza.

El buscador mencionó que hay iniciativas atoradas tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso del Estado que, pese al contexto actual del país, para las y los diputados no es de relevancia darles seguimiento.

“Hacer un llamado al gobierno federal. Hay muchas leyes que están atoradas en el Congreso de la Unión en temas de reclutamiento, también aquí en el Congreso del Estado, hay dos leyes, me parece, que van en ese sentido del reclutamiento y están atoradas, no sabemos por qué no las quieren dejar salir, pero pedirle al gobierno federal que le entre”.

Indicó que el reclutamiento forzado está directamente relacionado con el crimen organizado, por lo que es indispensable que el gobierno de México se involucre al 100 por ciento. Mientras eso no ocurra y se maneje desde el ámbito político en vez del humano, no cambiará nada en el país y las juventudes seguirán siendo presa del crimen. Lauro Rodríguez

Recursos a la baja

  • 2023    24.28 mdp
  • 2024    10.49 mdp
  • 2025    11.07 mdp

Exponen irregularidades en casos de desaparecidos 

Ayer, en una nueva mesa de trabajo de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas del Congreso local, familiares de víctimas expusieron distintas irregularidades y pendientes en la agenda de las ausencias ante autoridades involucradas.

Jaime Andrade, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, relató que tras la ausencia de su hijo recurrió al Escudo Urbano C5 para saber si sus cámaras habían captado la desaparición, pero éste le respondió que aquellas que pudieron haberla grabado, “no servían”.

Esperanza Chávez, de Por Amor a Ellxs, cuestionó que las cámaras sí funcionen para sanciones viales, pero no para ubicar a personas desaparecidas. También denunció el constante cambio de ministerios públicos, lo que obliga a las familias a repetir procesos una y otra vez.

Otras madres señalaron que pese a que la ley eliminó el requisito de esperar 72 horas para iniciar una búsqueda, muchas instituciones aún aplican esa regla. “Nos hacen esperar cuando cada minuto cuenta. No es ignorancia: es negligencia”, reclamaron.Al cierre del encuentro autoridades intentaron responder a algunos de los señalamientos, pero el tiempo no fue suficiente. Muchas preguntas quedaron sin contestar y se acordó continuar la discusión en una siguiente reunión. Miguel Ángel Vidal Preza

jl/I

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