El uso de contratos por honorarios en el servicio público es una práctica común, pero también controvertida. En muchos casos se otorgan sin controles claros ni justificación técnica, como ocurrió con la exalcaldesa María Elena Limón, contratada por el gobierno estatal con un salario elevado y sin funciones definidas. Para la académica y especialista en transparencia, Lucía Almaraz Cázares, este caso refleja una problemática estructural que requiere análisis legal, ético y político.

Explicó que la Constitución Política de Jalisco obliga a garantizar la rendición de cuentas y a regular la actuación de los funcionarios, además de que toda contratación debe basarse en mérito y legalidad. En ese sentido, calificó como irregular el contrato de Limón al no detallar responsabilidades específicas, lo que incluso podría interpretarse como una simulación administrativa.

Agregó que la desproporción es evidente: Limón percibe más de 70 mil pesos mensuales pese a que solo cuenta con estudios de preparatoria –o al menos no existe documentación que acredite una titulación universitaria–, mientras que especialistas y académicos con formación superior no reciben esos ingresos. Esto, dijo, contraviene además los principios de austeridad que rigen en la legislación jalisciense.

Almaraz advirtió que la Contraloría del Estado sí tiene facultades para intervenir, ya que la Ley Orgánica le otorga competencia para verificar la legalidad de los procesos de contratación y auditar posibles irregularidades. Por ello, Lucía Almaraz Cázares señaló que este caso podría derivar en una revisión administrativa para determinar si hubo uso indebido de recursos públicos y establecer responsabilidades.

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