Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este miércoles el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento, derivado de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado con 22 votos a favor de senadores de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN, PRI y MC votaron en contra.

Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que la reforma surge de la necesidad de actualizar los ordenamientos en materia de justicia constitucional, fiscal y administrativa. Señaló que, tras realizar audiencias públicas con especialistas, litigantes y organizaciones civiles, las comisiones ajustaron la iniciativa para reflejar las opiniones recabadas.

Entre los puntos positivos, Corral Jurado mencionó la implementación de tecnologías de la información para garantizar juicios de amparo en línea, con reglas uniformes que refuercen la equivalencia de expedientes electrónicos y físicos. Además, se busca agilizar los procesos mediante la reducción de plazos y el dictado de sentencias con plazos precisos, así como dotar a los órganos jurisdiccionales de herramientas para desechar recusaciones improcedentes que entorpezcan los procedimientos.

La reforma introduce un marco más detallado para el análisis de medidas cautelares, incluyendo requisitos claros como acreditación del interés suspensional, apariencia del buen derecho y ponderación frente al interés social. Respecto al Código Fiscal de la Federación, se establece la improcedencia del recurso de revocación en créditos fiscales determinados o prescriptos, evitando la reapertura indebida de litigios.

En la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se propone excluir de su competencia las resoluciones fiscales firmes, alineando este ordenamiento con el Código Fiscal. Entre otros cambios a la Ley de Amparo se encuentra la eliminación del requisito de que la lesión sea “actual” y que el beneficio sea “directo”, así como la recuperación del texto vigente sobre sanciones a servidores públicos que incumplan resoluciones judiciales.

Asimismo, se estableció un plazo de 90 días para dictar sentencias de amparo, se especificó la afectación al orden público o interés social en medidas cautelares, y se ampliaron los plazos y garantías para juicios relacionados con créditos fiscales firmes.

La iniciativa generó opiniones divididas. Por MC, la senadora Alejandra Barrales calificó la reforma como una regresión en derechos humanos; Claudia Anaya Mota, del PRI, advirtió que restringe derechos y vulnera tratados internacionales. En contraste, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, la consideró una evolución adaptativa, mientras que Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, aseguró que fortalece el amparo y agiliza procesos contra evasores y delincuentes de cuello blanco.

Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, coincidió en que las modificaciones fueron insuficientes y apresuradas, y advirtió que la defensa del interés legítimo sigue siendo ambigua.

La reforma ahora avanzará al pleno del Senado para su discusión y eventual votación.

GR

Imprimir