Amnistía Internacional expresó su preocupación por la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la Presidencia de la República, al considerar que puede significar retrocesos en materia de derechos humanos y limitar la protección judicial frente a actos de autoridad.

En un comunicado, la organización destacó tres puntos críticos de la propuesta:

1. Restricciones a la suspensión de actos de autoridad

La reforma amplía los casos en los que no procede la suspensión en juicios de amparo, lo que afectaría la efectividad del recurso, ya que esta figura permite detener de manera temporal los efectos de un acto para evitar daños irreparables.

Particularmente, la imposibilidad de suspender la prisión preventiva oficiosa (PPO) contradice las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y Reyes Alpízar vs. México, donde se determinó que la PPO es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. Riesgo de limitar el interés legítimo

Amnistía también señaló que los criterios planteados para determinar el interés legítimo podrían restringir el acceso al amparo a personas en situación de vulnerabilidad o a colectivos, debilitando la defensa de derechos en casos de afectación comunitaria o social.

3. Argumentos de imposibilidad para cumplir sentencias

Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de que las autoridades invoquen una supuesta imposibilidad jurídica o material para acatar las resoluciones de amparo, lo que, advirtió la organización, “facilita que las autoridades no cumplan con las sentencias y abre la puerta a la impunidad”.

GR

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