Ante el reclutamiento forzado de menores, el Congreso de Jalisco reunió a legisladores, magistrados, expertos en derecho y representantes de organismos internacionales para debatir la creación de un tipo penal local que proteja a niñas, niños y adolescentes. Durante la mesa de trabajo se abordaron la competencia del Congreso estatal frente a la Ley General de Trata de Personas, la urgencia de proteger a la infancia y la necesidad de un tipo penal local que incluya agravantes, modalidades de participación y mecanismos de prevención y restitución de derechos.

La diputada morenista Norma López Ramírez encabezó la actividad y subrayó que el principal desafío es jurídico: “Si no se supera el punto de la competencia, no podemos pasar al fondo del asunto”. Advirtió que la propuesta actual podría duplicar conductas ya contempladas en la Ley General de Trata y carecer de taxatividad, lo que derivaría en una posible acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, Leandro Astrain Bañuelos, experto en derecho penal y constitucional, sostuvo que la materia es de competencia exclusiva federal conforme al artículo 73 de la Constitución. Señaló que el reclutamiento ya se encuentra previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley General de Trata, por lo que las entidades federativas no tendrían facultades para legislar de manera independiente.

En contraste, Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), defendió la competencia estatal bajo el principio de residualidad del federalismo. Argumentó que el reclutamiento afecta bienes jurídicos locales, como la integridad familiar y el desarrollo infantil, por lo que Jalisco puede tipificarlo sin contravenir la ley federal. Además, citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y recomendaciones internacionales que respaldan la concurrencia legislativa en delitos contra menores.

Por su parte, Juan Pablo Rodríguez González, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en ingles), respaldó la creación del delito como figura autónoma con el argumento de que el reclutamiento tiene métodos y finalidades distintas a la trata o la corrupción de menores. Aseguró que los marcos actuales no abarcan la totalidad del fenómeno, donde los menores son a la vez víctimas y posibles victimarios.

Mónica Magaña Mendoza, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), cerró la cuarta mesa de la iniciativa con la afirmación de que aunque no se coincidiera en todo, era importante avanzar con acuerdos claros. 

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