El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha iniciado un procedimiento especial para investigar las desapariciones en México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo que permite al comité actuar cuando detecta indicios de que los casos son sistemáticos o generalizados.

Esta es la primera ocasión en que se pone en marcha este procedimiento, lo que implica que México se convierte en un país piloto donde se experimenta con estas reglas, todavía no del todo definidas, así lo explicó Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Mencionó que el proceso comenzó tras la visita del comité a México en noviembre de 2021, cuando se realizaron entrevistas y recorridos que derivaron en un informe con recomendaciones presentado en abril de 2022. Desde entonces, el comité ha solicitado información al Estado sobre las acciones emprendidas y en abril pasado, con la información recibida, determinó que existían indicios suficientes para considerar iniciar el procedimiento bajo el artículo 34. En septiembre, el gobierno mexicano respondió a los requerimientos y se llevaron a cabo audiencias con funcionarios, víctimas y representantes internacionales. Hasta ahora, el comité continúa analizando la información y no ha emitido un dictamen final.

Dijo que el proceso ha generado debate entre autoridades mexicanas y el comité, ya que el gobierno sostiene que muchas desapariciones son cometidas por delincuentes y no por funcionarios, lo que, según su postura, impediría que se consideren generalizadas o sistemáticas. Sin embargo, expertos señalan que este procedimiento puede ser una oportunidad para que el Estado defina de manera clara cómo abordará el problema y establezca compromisos concretos, con seguimiento y cooperación internacional.

El avance del procedimiento podría derivar eventualmente en un reporte a la Asamblea General de la ONU, donde se discutiría la situación y, de ser necesario, se tomarían decisiones sobre acciones internacionales de apoyo o supervisión.

Por ahora, el proceso sigue abierto y bajo análisis, mientras México enfrenta la posibilidad de diseñar una estrategia más clara y coordinada para atender las desapariciones.

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