El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha colocado a México bajo un escrutinio internacional sin precedentes. David Coronado, integrante del comité de análisis universitario en materia de desaparición de personas, señala que el país no quiere admitirlo porque enfrenta un riesgo político y social importante si el tema se discute dentro de la Asamblea General de la ONU, pues exhibiría la magnitud de las desapariciones y cuestionaría la capacidad del Estado para atenderlas.

Coronado explicó que México es el país con más solicitudes de acciones urgentes presentadas ante la ONU, lo que refleja que los protocolos estatales no se han cumplido, ni se ha protegido a quienes buscan a sus desaparecidos. Además, advirtió que la violencia se extiende no solo a las personas desaparecidas, sino también a quienes las buscan. En este contexto, el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas presiona a México para visibilizar la problemática, obligando al gobierno a enfrentar un problema que durante años intentó mantener en la oscuridad.

El especialista subrayó que los registros oficiales estatales y federales pueden mostrar un aparente declive en homicidios y desapariciones, pero los datos de la ONU señalan que muchas denuncias ni siquiera son recibidas por las autoridades, y que las amenazas, la corrupción y el crimen organizado inhiben la acción de ciudadanos y funcionarios. La organización internacional recopila información objetiva que evidencia estas fallas.

Coronado también criticó la indiferencia social y afirma que es necesario romperla para que el problema deje de considerarse normal. Consideró que la intervención de la ONU no es un juicio subjetivo, sino un instrumento que permite mostrar la realidad de las desapariciones y empujar al Estado a establecer compromisos claros y efectivos para proteger a víctimas y familiares.

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