El rechazo del Estado mexicano a la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU refleja una postura preocupante frente a una crisis de derechos humanos que exige atención urgente, señala Jonathan Ávila, coordinador del área de desaparición del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Ávila consideró como algo muy grave el que se trate de descalificar el proceso cuando el Comité apenas inicia su análisis. Para él, permitir la cooperación internacional no implica una intervención extranjera sino apoyo técnico y acompañamiento a las víctimas, además de elementos para fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda y la investigación.

El coordinador de Cepad advierte que la negativa oficial parece priorizar la protección de la imagen del Estado por encima de la reparación y la justicia a nivel internacional, pero también les preocupan las negociaciones políticas internas.

Dijo que existen discursos contradictorios: el gobierno reconoce algunos mecanismos internacionales, pero rechaza cualquier señalamiento que obligue a cambios estructurales.

Ávila explicó que atender las desapariciones supone no solo localizar a las personas sino impulsar procesos que rompan la impunidad, investiguen cadenas de mando y sancionen a responsables, incluidos agentes estatales o redes coludidas con el crimen. Recordó casos emblemáticos donde no se ha llegado a la verdad completa como el Rancho Izaguirre y subrayó que la impunidad alimenta la repetición de estos delitos.

Jonathan Ávila llamó a romper los discursos negacionistas y abrir la puerta a la colaboración internacional, así como a crear una agenda que priorice la búsqueda, la justicia y la no repetición, y que incluya a las víctimas y a la sociedad civil en los diseños y mecanismos de cooperación.

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