Problemas de fondo a debate

Los recientes debates de los candidatos a la Presidencia de la República han puesto énfasis en lo que cada contendiente considera como problema o problemas centrales del país, y sobre esa base deberá cada uno afinar las propuestas de política pública para enfrentarlos. Recapitulando el contenido de los debates podemos afirmar que el binomio violencia-inseguridad, la corrupción y la pobreza son los más socorridos en el discurso de los contendientes.

Por otra parte, las cuentas alegres de la autoridad generalmente nos presentan resultados parciales, poniendo énfasis en las cifras que les favorecen. Es verdad que “la pobreza extrema disminuyó entre 2008 y 2016 en 2.1 millones de personas”, pero ese dato positivo no puede presentarse sin considerar que en el mismo periodo 3.9 millones de personas cayeron en condiciones de pobreza.

Tampoco puede asegurarse que las condiciones que generan el problema, como son la falta de empleo, de un salario bien remunerado, se resuelven con ofrecer una despensa, leche o múltiples programas que sólo compensan temporalmente las desigualdades de la estructura de empleo y distribución del ingreso o de las históricas desigualdades de las regiones del país.

Generalmente las cifras macro esconden los contrastes entre grandes centros de población y los municipios, especialmente rurales y de población indígena. Ahí las carencias se agudizan y poco se atienden. Los problemas de fondo tienen mucho que ver con la desigualdad, de la que podemos destacar dos expresiones básicas: la desigualdad en la distribución del ingreso y la desigualdad territorial.

El trabajo de todos los mexicanos produce la riqueza nacional, pero la distribución desigual de la riqueza socialmente producida es uno de los problemas que seguimos padeciendo. Esta riqueza ha sido inequitativamente distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional, por eso persisten grandes regiones y municipios –dentro de los estados– que viven en un círculo pernicioso de carencias y marginación, sin servicios e infraestructura básicos que permitirían a sus pobladores tener una mejor calidad de vida.

Esta semana se presentó el informe sobre pobreza y desigualdad 2017. Las novedades que aporta el informe tienen que ver precisamente con la desigualdad territorial: “Entre 2010 y 2015, la desigualdad creció en 93 por ciento de los municipios del país”.

La desigualdad por condición de género es otro problema crónico: en 2010, sólo 5 por ciento de las mujeres en 21 municipios del país, concentrados en Oaxaca y Guerrero, trabajaban. A escala nacional, en 2017 sólo 43 por ciento de las mujeres participan en el mercado laboral y de las que trabajan alrededor de 60 por ciento tienen empleos informales. En lo que respecta a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, México es el país de América Latina en donde se registra el mayor incremento, al pasar de 24.9 en 2010 a 33.6 por ciento en 2015.

El aislamiento de las comunidades rurales y la condición de pertenencia a un grupo indígena, incrementa las condiciones de desigualdad y dificulta las posibilidades de remontarlas, ya que sólo 2.1 por ciento de su población, logra superarlas.

Atendiendo las recomendaciones del informe, todos los candidatos a puestos de elección popular deberán ponerse a trabajar en el diseño de políticas diferenciadas que, considerando los problemas y sus expresiones nacionales, atiendan y promuevan las dinámicas del desarrollo a nivel municipal, local y con cohesión territorial. Atender y promover las capacidades de quienes integran la sociedad civil, facilitar las necesarias interacciones entre gobierno, sociedad y empresarios locales, a fin de descentralizar la agenda pública e involucrar a todos los agentes interesados en promoverla, deberán ser prioridades.

Las múltiples formas en que la desigualdad se presenta en los municipios y dentro de nuestras ciudades, esconden problemas que necesitamos aprender a ver y atender, a riesgo de seguirnos contando que vivimos en el país de las maravillas.

[email protected]

JJ/I