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Descarado
El voto despojando afores
La actual administración estatal recibió un Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome) mal administrado y con deuda; sin embargo, fue el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz el que terminó de hundirlo.
En 2012, cuando llegó el actual gobierno del estado, por cada peso que ingresaba al organismo público descentralizado (OPD) se debían 1.44 pesos. En abril de 2016, cuando terminó la revisión para decidir su extinción, por cada peso que recibían ya debían 8.8 pesos, según consta en documentos a los que este medio tuvo acceso.
El mal manejo de la empresa, al frente de la cual el gobernador designó a Francisco Javier Contreras Gutiérrez, fue claro. Según los resultados de la auditoría y las diversas revisiones que se hicieron a las finanzas, de cada peso que ingresó en 2012, el último año del ex gobernador Emilio González Márquez, se perdieron 19 centavos; el promedio de 2013 a 2015 ya era de 40 centavos perdidos de cada peso, mientras que en 2016 se acercaba a la mitad, con 48 centavos.
Las pérdidas tuvieron diferentes causas. Hubo registros contables inadecuados, gastos excesivos, sobre ejercicio, aumentó la nómina administrativa y se redujo la operativa, se dejaron de pagar compromisos laborales y se pidieron préstamos sin respaldo. A lo anterior se suma la compra de camiones para las rutas de Trolebús, que fueron luego enviados al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), pero la deuda para la adquisición se dejó en Sistecozome.
La extinción del OPD fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado hace casi un año, el 26 de julio de 2017. La iniciativa fue presentada por el gobernador Aristóteles Sandoval, quien, unos días después, el 10 de agosto, aseguró que “todos los responsables de un mal manejo tendrán que pagar”, al referirse a este caso. El tiempo ha transcurrido y no ha habido sanciones.
Además, el gobierno del estado no ha dado a conocer con claridad cómo será el proceso de extinción. La responsable de llevarlo a cabo, Martha Lorena Benavides Castillo, no ha respondido a las peticiones de entrevista de este diario; los trabajadores no han sido liquidados y las deudas por sentencias ya superan los 118 millones de pesos (El Diario NTR Guadalajara, 11 de junio de 2018), cuando al momento de aprobar su desaparición se hablaba apenas de unos 19 millones de pesos; tampoco se ha informado cómo se pagará la deuda y hasta la página web del organismo sigue sin alterarse, presentando aún como titular a Contreras Gutiérrez.
Además, la vía de la rendición de cuentas para aplicar sanciones también se agotó, pues el 15 de marzo los diputados locales aprobaron la cuenta pública del organismo del ejercicio 2015 sin cargos. Las Auditoría Superior del Estado de Jalisco la remitió al Congreso del Estado sin señalamientos.
Responsabilidad. El gobernador pidió la extinción de Sistecozome por su inviabilidad financiera; el mayor daño se hizo durante su gobierno. ____________________
La intervención del organismo por parte del gobierno del estado, que derivó en la propuesta de extinción, comenzó en enero de 2017. La conclusión a la que se llegó fue que “su ineficiencia operativa y financiera es evidente, puesto que no genera ingresos suficientes, tanto para sufragar su gasto de operación, como el pago de los pasivos a su cargo”.
La propuesta que envió el gobernador al Congreso fue para abrogar la ley orgánica del OPD, extinguir a la empresa y autorizar, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), que se realice la liquidación.
Entre las inconsistencias que se encontraron en Sistecozome están los pagos pendientes por cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 815 mil 755.54 pesos de agosto y septiembre de 2014. El retraso ya había provocado un adeudo de intereses generados por 116 mil pesos.
Por el adeudo, el IMSS embargó bienes propiedad del organismo por un monto de 1 millón 190 mil 261.18 pesos.
Además, había un adeudo superior a los 5 millones de pesos de impuestos federales relacionados con la nómina que, al momento de la auditoría, ya habían generado 11 millones de pesos de intereses. También se encontró un pendiente de pago del Impuesto sobre el Producto del Trabajo por 214 mil 679 pesos, que provocó recargos.
Cada ocasión que Sistecozome no tenía recursos suficientes para pagar la nómina, solicitaba un préstamo a Sepaf. De esta forma, a los adeudos heredados en 2012 con la dependencia estatal por más de 189 millones de pesos, se sumaron casi 126 millones de pesos de la actual. Así, los pasivos con Sepaf superan los 315 millones de pesos.
También dejaron de pagar al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), al que deben más de 26.8 millones de pesos; la mayor parte corresponde a la actual administración: 13.5 millones de pesos.
En el caso de adeudos con otros acreedores, la situación es más delicada, pues el gobierno de Sandoval Díaz heredó pasivos por 27.3 millones de pesos, mientras que durante la gestión de Francisco Javier Contreras se sumaron más de 129 millones de pesos, incrementándose 471 por ciento.
Se calcula que, al momento de la extinción del organismo, la deuda documentada superaba los 498 millones de pesos, aunque en los meses posteriores siguen encontrándose irregularidades.
Cuando el Sistecozome tenía la oportunidad de buscar una recuperación, al renovar sus unidades, el gobierno del estado decidió que los camiones fueran enviados al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), aunque la deuda de esa compra se quedó en la primera de las empresas.
El gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz determinó renovar las unidades que cubrían las rutas conocidas como Trolebús, por lo que se compraron 80 camiones. La intención era que funcionaran adheridas al modelo de ruta-empresa. Las unidades anteriores, consideradas ya obsoletas, se depositaron en un predio ubicado en la avenida Abundancia, en la colonia San Miguel de Huentitán el Alto, en Guadalajara.
Aval. Hace casi un año, el Congreso del Estado aprobó la desaparición del organismo. _______________
Entre las observaciones que se hicieron al auditar al Sistecozome, se señala que por un acuerdo del 25 de enero de 2016, firmado por el gobernador, se formalizó la entrega y administración “de 25 unidades eléctricas denominadas trolebús al Siteur, las cuales desde el 1 de febrero de 2016 eran administradas por dicho organismo; sin embargo, en el proceso de entrega-recepción no se concretó que Siteur absorbiera el costo de la nómina de los operadores y del financiamiento que Sistecozome originalmente contrató para el pago de los trolebuses, por lo que este último conservó la carga financiera por estos conceptos”.
Otro caso es el del Macrobús. En los documentos se menciona que en 2008 se conformó la sociedad Operadora Macrobús, de la cual Sistecozome es accionista, comenzando operaciones en marzo de 2009 con 103 unidades alimentadoras y 41 unidades articuladas para el servicio troncal. A pesar de esto, Sistecozome informó que “no ha recibido pago alguno de dividendos y que ha realizado las gestiones oficiales para obtener información financiera respecto al funcionamiento de esta sociedad, sin recibir respuesta”.
Tampoco hay claridad sobre los ingresos que debía recibir la empresa por el servicio subrogado o de parte de la empresa TISA, que maneja los bienevales.
Del manejo de servicio subrogado, Sistecozome debía recibir alrededor de 2.7 millones de pesos al año. Sin embargo, se detectó un daño patrimonial por este concepto en 2016 de 1.4 millones de pesos. Sonia Serrano Íñiguez
El manejo administrativo que se dio al Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome) durante el actual gobierno aceleró su quiebra. Según datos del dictamen que se elaboró internamente para justificar su desaparición, el primer problema se registró con un incremento de trabajadores administrativos de 2014 a 2016.
La plantilla de personal del organismo en 2013, el primer año del actual gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, era de 614 trabajadores, de los cuales 70 eran administrativos y 544 operadores de transporte público. Al año siguiente, en las oficinas de la paraestatal ya había 269 trabajadores, por 516 conductores.
El número de trabajadores administrativos volvió a incrementarse en 2015, al llegar a 384, mientras que el de conductores ya había bajado a 395. Al año siguiente, bajó el número de administrativos a 266, pero también el de operadores, a 290. Esto significa que 48 por ciento del personal de la empresa de transporte estaba en una oficina, aunque también se asegura que algunos eran mecánicos o despachadores.
A lo anterior se suma que quienes llevaban la dirección del Sistecozome gastaban más de lo que recibían. Tan sólo en los 10 primeros meses de 2016, cuando se auditó al organismo y se revisaron sus finanzas, se habían recibido 154.2 millones de pesos, mientras que los egresos eran de 173 millones de pesos; es decir, había un déficit presupuestal de 18.7 millones.
Reclamo. Los ex trabajadores aseguran que no los liquidan como es debido e incluso los obligan a firmar renuncia; el lunes, algunos se manifestaron. _________________
Además, nunca se apegaron al presupuesto, por lo que en varias quincenas solicitaron préstamos a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) para completar la nómina. De la anterior administración se heredaron 15 créditos que se usaron para pagar salarios, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aguinaldos, liquidaciones laborales o para la operación del organismo. De éstos, se generó una deuda de 117.9 millones de pesos, más 99.2 millones de pesos de los intereses.
Ya en el actual gobierno, se consiguieron otros siete créditos con Sepaf, uno de ellos para la compra de camiones, pero el resto para el pago de salarios y seguros, que suman 48.6 millones de pesos, más 8.2 millones de pesos de intereses.
Sistecozome también tenía adeudos a corto plazo con proveedores, que superan los 10 millones de pesos.
En el informe se precisa que tampoco cumplieron con las obligaciones como patrón, aunque al ser requeridos por los ejercicios de 2015 y 2016 por el IMSS, se firmó un convenio del cual se adeudan 411 mil 686.20 pesos.
También hay problemas por adeudos con el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), por casi 31 millones de pesos de aportaciones, retenciones y actualizaciones, de los que 72 por ciento corresponden al actual gobierno. El saldo al momento de aprobarse la desaparición de Sistecozome era de 24.7 millones de pesos, que se suman a nuevos adeudos por 1.6 millones de pesos posteriores a esa fecha.
En cuanto al pago de impuestos, los adeudos con el Sistema de Administración Tributaria eran de alrededor de 1.2 millones de pesos.
En el balance se había hecho un cálculo de aproximadamente 16.5 millones de pesos en laudos; sin embargo, en el listado de juicios que se entregó para la auditoría la cifra supera los 118 millones de pesos, entre los que ya se emitió un laudo y los que están pendientes.
La ruta que Sistecozome opera en el municipio de Puerto Vallarta también registra un déficit de 3.3 millones de pesos, pues en 2016 tuvo ingresos por 4.3 millones de pesos y gastos por 6.2 millones.
JJ/I
