Lemus 2015: más pruebas en contra

Si con las irregularidades evidenciadas en el acta de la presunta sesión de la Comisión de Vigilancia del Congreso, que supuestamente se realizó el 21 de noviembre de 2017 –y que referí ayer en este espacio– no queda claro el propósito de los diputados de querer lavarle la Cuenta Pública 2015 al alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, basta entonces con leer el Acuerdo Legislativo que esta comisión planteó al pleno para que aprobara su regreso a la Auditoría Superior del Estado y que se le dio curso el pasado 22 de agosto.

De entrada, la supuesta sesión de esta comisión se efectuó el 21 de noviembre del año pasado, pero no fue sino hasta ¡ocho meses después! que fue entregada a la Dirección de Procesos Legislativos, como se asienta en el sello de recibido con fecha del “18 Jul 2018” a las 11:53 horas. ¿Por qué la comisión tardó tanto tiempo en remitirla para ser puesta a consideración del pleno, que la atendió apenas poco más de un mes después? Nótese que no fue el pleno quien retrasó la discusión del dictamen, como lo aseguró el presidente de la comisión, el diputado Hugo René Ruiz Esparza.

Según este Acuerdo Legislativo con carácter de dictamen, la Comisión de Vigilancia propone se regrese a la ASEJ la Cuenta Pública 2015 fundamentado, entre otros, en el artículo constitucional 89 fracciones II y IX, pero el propio dictamen no cumple con ello. La fracción II establece: “Falta de fundamentación o motivación en algunas de las observaciones no solventadas”, pero la comisión no lo demuestra en su dictamen. Y la IX dice: “Las demás que por causa grave determine el Congreso del Estado de manera fundada y motivada”. El Congreso no señala “causa grave” ni mucho menos lo hace “de manera fundada y motivada”.

En el punto III del dictamen, la comisión da cuenta de que el sujeto auditable remitió “documentación diversa y argumentos aclaratorios” de los que se dieron cuenta “en sesión de la comisión en el momento procesal que corresponde”, pero no especifica fecha de celebración y ya quedó demostrado que dicha documentación no se presentó a los miembros de la comisión en la presunta sesión.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2015 correspondiente a los tres primeros meses del gobierno de Lemus Navarro, se le aplicó un cargo de mil 282 millones 982 mil 630 pesos, de los cuales mil 268 millones de pesos fueron por concepto de licencias y derechos NO cobrados a desarrollos inmobiliarios.

El pasado 24 de mayo de 2017, la entonces auditora María Teresa Arellano Padilla explicó así la razón del cargo millonario: “Por omisión en la recaudación, en la no aplicación de su Ley de Ingresos; es decir, en esta área (obra pública en situación de fraccionamientos) observamos que se autorizaron acciones urbanísticas y no se cobraron las licencias, los derechos correspondientes (…). No es que haya ejercido mal su presupuesto, sino que dejó de percibir lo que a los ayuntamientos les corresponde por estos conceptos”.

Al parecer, los diputados ignoran qué son “gastos” y qué son “ingresos” –motivo del cargo por mil 268 millones de pesos–, pues una prueba más de su aberrante propósito de lavarle la Cuenta Pública a Lemus Navarro está en que en cada “observación que motiva la devolución del informe final” a la ASEJ, en el concepto de fraccionamientos (58), concluye que con la documentación entregada “se está acreditando la correcta aplicación del GASTO observado”.

¿De qué GASTO hablan? Los cargos NO son por concepto de GASTO sino de INGRESO. Les perdonó, no les cobró, mil 268 millones de pesos a los desarrolladores inmobiliarios por concepto de licencias y derechos. Lo que debió entregar Lemus eran las pruebas de que sí cobró esa cantidad y sanseacabó.

Pero no lo hizo y por eso quieren lavarle su Cuenta Pública 2015. Y hay más.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I