Diputados: comedia y tragedia

¿Por qué los diputados que no aprobaron las convocatorias presentadas por la Comisión de Justicia para la elección de tres nuevos magistrados –uno para la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y dos para el Supremo Tribunal de Justicia– se sacaron de la manga no sólo la creación de una comisión especial, sino una convocatoria elaborada a modo? ¿Para quiénes lleva dedicatoria todo este absurdo e ilegal procedimiento que ya fue reprobado por las dos organizaciones civiles del Sistema Anticorrupción del Estado, como es el Observatorio Permanente y el Comité de Participación Social?

Lo curioso es que las convocatorias emitidas por la Comisión de Justicia, y que no aprobó la mayoría del pleno legislativo, contemplaban la aplicación de un examen de oposición para los aspirantes, lo que ya no fue incluido en la convocatoria aprobada y que, de alguna manera, está vigente.

En menos de 15 minutos –por no exagerar y decir que en cinco– los diputados rechazaron las convocatorias de la Comisión de Justicia, crearon su absurda e ilegal comisión especial y sacaron y aprobaron una nueva convocatoria light –por calificarla de alguna manera– que les permite, como ha sido el legado de las anteriores Legislaturas y que la actual se ha encargado de refinar, elegir a los magistrados que mejor les convenga, de acuerdo a sus intereses personales, de grupo o partidistas, y no a la sociedad y al estado.

Lo que llama la atención en este proceso es que quien se encargó de hacer el escándalo mediático –que para eso se pinta solo– fue el diputado del partido Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Justicia Augusto Valencia López, quien levantó la cortina de humo con el argumento de que la diputada Mónica Almeida López había incurrido en la ilegalidad de rendir protesta como diputada federal y continuar siendo legisladora local, con lo que tenía dos cargos al mismo tiempo.

Por supuesto que el objetivo de Valencia López era descalificar a Mónica Almeida, pues seguramente le era –y a otros más– incómoda por su propuesta de aplicar un examen de oposición a los aspirantes y por ello era necesario descalificarla. ¿Y saben cuál parece ser la razón de esa postura de Augusto Valencia? De que uno de los aspirantes a ser magistrado al Supremo Tribunal de Justicia es nada menos que… ¡su hermano Gabriel!

Posiblemente la aplicación de un examen de oposición significaba para su hermano serias posibilidades de no ser electo y por ello necesitaba descalificar a quien lo proponía. Y reitero: para eso el diputado emecista se pinta solo. Quiero creer que ese mismo riesgo no quisieron correr los diputados que quizás ya tengan a sus candidatos para ocupar las tres magistraturas vacantes, y por ello votaron en contra las iniciativas de Almeida y elaboraron una a su medida.

Con esta decisión, sin embargo, colocan a Jalisco entre las entidades atrasadas en materia de su Sistema Anticorrupción, pues estados como Chihuahua –donde eligieron 13 magistrados– y Guanajuato, entre otros, consideraron en sus convocatorias y aplicaron a los aspirantes a magistrados y jueces un examen de oposición que permitirá lleguen al cargo aquellos mejor preparados y, lo más importante, con la autonomía garantizada.

Por supuesto que descalificar a la diputada Mónica Almeida fue un argumento que se utilizó como cortina de humo –quizás estaban todos coludidos– y que el pleno compró e, incluso, utilizó como argumento para justificar su aberrante creación de una comisión especial, con lo que creen tener el camino libre para designar, más que elegir, a quienes parece ya tienen la bendición para ser sus magistrados, con lo que el proceso en sí no pasará de ser una mera comedia que no puede terminar en tragedia para los jaliscienses.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I