Peso por peso

A un año de los sismos, alrededor de la muy citada, pero poco consolidada, reconstrucción las cosas huelen muy mal.

El que miles de personas sigan sin una vivienda, mientras la opacidad envuelve el destino de los miles de millones de pesos que se acumularon para ayudar a los damnificados, merece una investigación tan profunda y tan real como la herida que dejaron los sismos.

La sociedad en general, no sólo los damnificados, cuestiona adónde se fue el recurso para atender el desastre, incluido el que donaron las naciones extranjeras.

A decir del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, tampoco aparecen los millones que el Congreso de la Unión, partidos políticos y ciudadanos donaron.

Monreal afirma que no hay cuentas claras de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas e instituciones públicas como el Senado de la República.

Si es que no fueron palabras, del Senado debieron salir 50 millones de pesos en el último año de la 63ª Legislatura que no se sabe dónde están. El legislador de Morena afirma que en los documentos que recibieron como nueva Legislatura no se incluye información al respecto.

Tan falto de credibilidad está el ejercicio de los recursos que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pidió a las instituciones públicas, organismos autónomos y al Sistema Nacional de Transparencia rendir cuentas en serio y de forma cristalina, no pantanosa.

El argumento gubernamental dice que todo está abierto a la sociedad a través del portal Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Fuerza México, pero el comisionado del Inai, Joel Salas Suárez, sostiene que la información es dispersa e insuficiente para que los afectados reclamen y ejerzan los recursos que les permitan recuperar sus viviendas.

En vista de la falta de humanidad ante la desgracia ajena, lo que propone Salas Suárez es crear un fondo único para la reconstrucción que reúna los recursos públicos y las donaciones privadas y una coordinación nacional que los administre.

Este mecanismo, aunque sea un año después, permitiría lo que urge: seguir la ruta del dinero, es decir, saber quién aportó cada peso, cómo se planeó su ejercicio, si en esto se involucró a la población, quién lo ejerció, cómo se ejecutó y qué resultados se entregaron a la población afectada.

Así de transparentes se necesitan y, en justicia, deben ser las cuentas. Así, las autoridades de los tres niveles de gobiernos y poderes, la población afectada, empresarios, periodistas, académicos, sociedad civil organizada y población en general estarían involucrados.

Salas Suárez pone como ejemplo experiencias internacionales exitosas sobre el tema, como el terremoto y tsunami que destruyó parte de la Isla de Java, en Indonesia, donde se creó un fondo único; mientras que en Nepal la organización Accountability Lab conectó a las víctimas con el gobierno y con voluntarios para dar seguimiento a los recursos luego del sismo de 2015.

En la conmemoración del 19 de septiembre, el clamor de los damnificados fue que no quieren homenajes, sino que autoridades salientes y entrantes cumplan los compromisos de reconstrucción y vivienda.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció un plan con enfoque de derechos humanos, la inclusión de los afectados y el involucramiento interdisciplinario de expertos a todos los niveles, pero sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas como ejes primordiales.

En Juchitán, Oaxaca, dijo que regresará cada seis meses para ver cómo va la recuperación, pero esa revisión debería extenderse a cada lugar destrozado y, como con los votos, a cada peso recaudado. Peso por peso.

Opinión de: [email protected]

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