A reestructuración, el IJCF: Aristóteles

Tras la crisis en el manejo de 273 cadáveres de personas no identificadas que deambularon en uno de los dos tráileres dispuestos para la conservación de éstos, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz visitó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y anunció su reestructuración, además de la construcción de dos cámaras para resguardar cuerpos.

El anuncio se dio después de las destituciones de los titulares del IJCF y de la Fiscalía General del Estado, en el contexto de una investigación para deslindar responsabilidades de funcionarios involucrados.

Entre las medidas emergentes, Sandoval Díaz destacó que los dos nuevos espacios son una cámara de refrigeración y otro para cadáveres en descomposición para resguardar 300 mientras se concluye el panteón forense.

Además habrá 18 contrataciones de peritos: 10 médicos legistas y ocho más profesionales por sectores en los dictámenes forenses. La propuesta ya había sido sugerida por el ex titular del IJCF y ahora fue retomada tras su destitución.

En el recorrido en las instalaciones, el gobernador reportó que los cuerpos estaban organizados.

También se integrará un agente del Ministerio Público y un delegado de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Sobre lo anterior, el equipo de la CEDHJ, encabezado por su presidente, Alfonso Hernández Barrón, acudió a actualizar y clasificar la información sobre el número de personas fallecidas y no identificadas en un ejercicio de observación independiente a las conclusiones que el gobierno del estado tenga de ello.

En específico, Hernández Barrón dijo que acudieron ante la discrepancia de las cifras sobre el protocolo de clasificación de cuerpos.

Dijo que el orden de los cuerpos en las cajas refrigeradas tiene cierto orden, aunque recomendaron un acomodo por bloques y que sigan un protocolo para garantizar el trato digno de los restos humanos.

Por su parte, Guadalupe Aguilar, del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), dijo que las administraciones saliente y entrante deben involucrar en los procesos a las familias y permitir el acceso al álbum de fotos de víctimas y lograr la identificación de las personas desaparecidas.

Descartan peticiones

Al Congreso del Estado no llegó ninguna petición del Ejecutivo para dar más presupuesto o plazas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ante la crisis que vivía para su operación.

El titular de la Comisión de Hacienda, el emecista Salvador Caro, y el coordinador del PAN, Miguel Ángel Monraz, coincidieron en que en esta legislatura no hubo ninguna petición para este instituto, sólo de 10 plazas para psicólogos que nada tienen que ver con su operación.

Monraz señaló que la petición de plazas no resolvía el problema de falta de espacios para poner a los cadáveres no reclamados.

“Efectivamente, lo que hemos visto en este momento es que solamente la solicitud de 10 espacios de psicólogos para apoyar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y eso definitivamente no resuelve la crisis que se vive en este momento”, afirmó el panista. Jessica Pilar Pérez

Cita Contraloría a funcionarios

La Contraloría del Estado citó ayer a los primeros dos de 18 funcionarios de la Fiscalía General y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que deberán ser interrogados por la existencia de dos cuerpos con cadáveres y la deambulación de uno de éstos.

Teresa Brito, titular de la contraloría, señaló que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz le solicitó antier por escrito que iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa y empezaron con el visitador general de la fiscalía y el contralor interno del instituto.

Mencionó que los contralores deben estar al pendiente de los procesos dentro de sus dependencias y les preguntarán qué hicieron, cómo participaron y qué elementos tienen para soportar todo ese procedimiento.

Aclaró que la lista tiene 18 nombres y levantarán un acta circunstanciada por cada uno, pero que puede incrementar porque de las entrevistas surgen más nombres. Éstas se harán esta semana y la siguiente.

Admitió que también deberán llamar a declarar al ex fiscal general Raúl Sánchez y al ex titular IJCF Luis Octavio Cotero, porque no hay un único responsable.

“Nos queda claro que esto no es responsabilidad de una sola persona, esto es terriblemente lamentable, esto es vergonzoso, esto habla de antecedentes de desidia, de indolencia, es lógico pensar que una sola persona no es la responsable”.

La contralora aseguró que el tiempo les alcanzará para hacer un dictamen de presunta responsabilidad a quien o a quienes estén involucrados.

“Este tema no puede entretenerse mucho. La parte final, el corolario de este proceso es precisamente fincar responsabilidad a quien la tuvo, entonces la Contraloría va a empezar a trabajar en eso”.

Señaló que trabajará de la mano con la actual encargada de despacho de la fiscalía, Marisela Gómez Cobos.

“Manejaremos el tema administrativo, el tema penal, también ustedes saben que con las nuevas reformas esto tendrá que calificarse como falta grave, falta no grave, entiendo y ahí tal vez me apresuro, esto es grave evidentemente, y de ahí resulta lo que usted está señalando, hay inhabilitaciones, hay suspensiones, hay sanciones y puede haber una trascendencia penal”.

Se pronuncia Canaco

•  Las decisiones del gobernador de destituir funcionarios por este caso fue necesaria, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso.
•  “¿Quien sigue? Quien tenga que seguir a juicio de la autoridad del señor gobernador para generar un mejor entorno para todos”, mencionó
•  Señaló que es un caso que indigna a la sociedad y llamó a no normalizar la situación
•  Manifestó que las inversiones siguen fluyendo y el turismo sigue viniendo más allá de estos hechos que trascienden la frontera
•  Mauro Garza, presidente de Coparmex, dijo que esperan que se esclarezcan las omisiones en el caso del tráiler

Requiere caso a la Corte Interamericana

La crisis de cadáveres sin identificar amerita el involucramiento incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el investigador Francisco Jiménez Reynoso.

El profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) planteó que, aun con la destitución del fiscal general y del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el gobierno del estado tendría que retirarse de las averiguaciones para determinar responsabilidad de posibles violaciones a derechos humanos.

Entre las instituciones que podrían intervenir, mencionó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya participa, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la CIDH.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) debería llevar el caso ante la CIDH, propuso.

“Deben ser otras instancias internacionales, pero también debería intervenir la misma PGR para hacer una investigación seria, imparcial sobre todo y deslindar responsabilidades de la tragedia que estamos viviendo en Jalisco, el mal manejo a los muertos, estas víctimas que merecen un trato digno”.

Recalcó Jiménez Reynoso que desde el 18 de junio de 2016, el gobierno del estado ya tenía la obligación de contar con espacios para inhumar cadáveres sin identificar, debido a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio; además, ese año comenzó un incremento exponencial de muertos asesinados. Juan Levario

JJ/I