Los costos del crimen

La guerra contra la delincuencia en los últimos sexenios ha probado ser una de las acciones de gobierno más ineficientes y ha originado un efecto inverso: cada día aumenta la violencia y el número de delitos y víctimas se ha disparado en forma alarmante. La sensación de inseguridad, la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia, los daños psicológicos y económicos en las víctimas, sus familias y en la sociedad en general son evidentes y preocupantes.

Además, el terror producido entre la población por la incompetencia de las autoridades por el manejo de los más de 400 cadáveres ambulantes, víctimas de la guerra entre grupos que disputan el poder, otros ultimados por las fuerzas del orden y bajas ciudadanas inocentes, pero todos ellos con calidad anónima.

A nivel nacional, en 2012, el número de hogares con al menos una víctima de un delito fue de 32.4 por ciento, para 2017 esta cifra pasó a 35.6. Estamos hablando de que el pasado año el número de víctimas se estima que fue de 25.4 millones de ciudadanos de 18 años o más, cuando en 2012 fue de 21.6 millones. Sólo tres estados fueron a la baja; en nueve fue a la alza y en 20 no hubo cambios (“estadísticamente no significativos”).

Jalisco pasó de 30 mil 939 víctimas en 2016 y 31 mil 50 en 2017. Se observó que en el estado se registraron 31 víctimas por cada 100 mil habitantes, poco más de la mitad a nivel nacional que fue de 29.7; sin embargo, en Guadalajara la prevalencia del delito fue 37.9 por cada 100 mil habitantes.

Estos datos provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 del Inegi, donde además reporta que en 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos (desde robo en calle, transporte público o casa-habitación hasta extorsión y fraude).

Todo esto representa un daño psicológico muchas veces permanente en las víctimas y sus familias, además del costo económico que representa en la pérdida de su patrimonio o negocio. Según la Envipe 2018, las pérdidas económicas por haber sido víctimas de algún delito representaron 67.9 por ciento; 2.4 en gastos a consecuencia de los daños a la salud, y casi 30 en gastos para tomar medidas preventivas: cambiar y colocar cerraduras o candados, puertas y ventanas, rejas o bardas, entre otras.

Todo esto representó la cantidad de 299.6 mil millones de pesos (1.65 por ciento del PIB nacional, cuando en 2012 era de 1.34) como consecuencia de la inseguridad en los hogares; mientras que, de esa cantidad, las medidas preventivas sumaron un total de 89.1 mil millones de pesos.

Estos gastos considerados directos son sólo una parte, pues no contempla lo invertido en seguridad por parte del Estado para mantener y equipar una fuerza de policía para combatir la inseguridad. Además, están los gastos indirectos, como traumas físicos y psicológicos, gastos médicos presentes y futuros, y en algunos casos, pérdida de empleo o ingresos.

El Institute for Economics and Peace (IEP) recién acaba de publicar su Índice de Paz México 2018, donde revela que el impacto económico de la violencia en nuestro país fue de 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), cantidad que equivale a 21 por ciento del PIB; y agrega que esta cantidad “representa un aumento de 15 por ciento respecto a 2016 y refleja el deterioro del país en términos de paz”. Concluye que “el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección”.

Está claro que los próximos gobiernos de Andrés Manual López Obrador a nivel federal y Enrique Alfaro Ramírez en el de Jalisco tienen en el combate a la delincuencia la piedra en el zapato con la que serán recibidos en sus nuevos encargos.

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JJ/I