Estudiantes exigen acciones, no declaraciones

“Estamos hasta la madre”, corean jóvenes universitarios mientras avanzan hacia el palacio de gobierno. “Ni uno más, ni una más”, es la exigencia que se escucha, de manera reiterada, a lo largo del contingente. “Señor, señora, no sea indiferente, pues matan estudiantes en la cara de la gente”, reclama un grupo de preparatorianos, apenas salidos de la adolescencia.

Los motivos que han desencadenado esta multitudinaria manifestación fueron el atropellamiento de Bárbara Daniela Guerrero, estudiante de Relaciones Internacionales, por una unidad de la ruta 275-F, en el cruce de avenida de los Maestros y Mariano de la Bárcena, justamente cuando cruzaba la calle para dirigirse al CUCSH, así como el asesinato de Angélica María Zaldívar, alumna de la licenciatura de derecho, al resistirse a ser despojada de su mochila por un par de asaltantes, en la colonia San Vicente. Ambos hechos acaecidos la mañana del 8 de octubre.

No es la primera vez que las condiciones de inseguridad que privan en la ciudad, y que se han convertido en una amenaza permanente a la comunidad estudiantil, se han traducido en víctimas mortales. Hace un poco más de cuatro años, una unidad de transporte de la ruta 368 embistió a un grupo de estudiantes que se encontraba en la parada de autobús frente a la Preparatoria 10.

El saldo fue de 20 lesionados y el deceso de María Fernanda Vázquez, alumna de ese centro vocacional. A la conmoción por esta muerte por atropellamientos se han sucedido otras, derivadas de la inseguridad ante acciones criminales. En agosto de 2017, en las inmediaciones del CUCEI, fue asesinado Francisco Álvarez Quesada, y en julio del presente año, Jorge Alberto Pérez, que cursaba la carrera de Ingeniería Industrial en el centro mencionado, fue también asesinado. En ambos casos el móvil del crimen fue el robo de su celular.

Estas tragedias, como las del pasado lunes, fueron objeto de sendas movilizaciones de la comunidad estudiantil, en las que exigieron al gobierno estatal, además del esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables, la realización de acciones necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad en los traslados de este sector.

En el caso de Fernanda, el gobernador Aristóteles Sandoval se comprometió a hacer justicia para todas las víctimas; por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad anunció el retiro de la concesión de la unidad involucrada y el director general del Transporte Público presentó su renuncia “por motivos de salud”.

Pero además, luego de una reunión, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, y Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, anunciaron la instalación de una mesa de trabajo sobre mejoras del transporte público, así como la creación de un observatorio encargado de vigilar los acuerdos de la mesa. Habría que decir que luego de cuatro años no se advierten resultados positivos, ni en el funcionamiento del observatorio sobre las mejoras del transporte como tampoco en el castigo a los responsables, cubiertos bajo el manto de la impunidad.

En el caso de los estudiantes asesinados, la exigencia por el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia no ha sido completamente satisfecha. Aunque hay notas periodísticas que hablan sobre supuestos avances de los casos, no hay una resolución definitiva.

A estas alturas, resulta obvio que el acuerdo realizado entre el estado y la universidad para mejorar las condiciones de seguridad no han dado los resultados esperados. El estado ha sido incapaz de solucionar el problema del trasporte urbano. Con respecto a la responsabilidad de la universidad para garantizar la seguridad, resulta evidente que la respuesta institucional ha sido lenta e ineficiente. Es el caso del programa Sendero Seguro, formalizado apenas en agosto pasado, pero que desde abril de 2017 funcionaba como Entorno y Sendero Seguro, y que muestra un fuerte rezago en su implementación.

La solución al problema exige la acción concertada de gobierno, autoridades universitarias y comunidad estudiantil. Acciones, no declaraciones.

@fracegon

JJ/I