Ipejal, ¿institución bursátil?

En realidad se trata de una institución intermediaria bursátil. Y ello debería colocarla bajo una normatividad mucho más estricta que la que actualmente la rige para cumplir de forma transparente y efectiva con su mandato de incrementar los recursos ahorrados por los trabajadores, a través de la inversión de estos en instrumentos financieros amparados por autoridades nacionales e internacionales.

La exposición al riesgo debería hacerse en función de la generación de plusvalías y evitar las pérdidas por malas decisiones. Ello significa que quienes estén al frente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), o laboren ahí, deberían ser personas con conocimientos y trayectorias acreditables en materia de inversiones financieras, y no el resultado de cuotas políticas o favoritismos personales.

A nivel nacional en 2017, 66 por ciento de quienes trabajan en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) contaban con una certificación financiera expedida por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMB) o un CFD (Chatered Financial Analyst). Me pregunto, entonces, si los miembros del Consejo Directivo del Ipejal cuentan con certificaciones de este tipo.

La respuesta obvia es que no es así dado el historial de fraudes y fiascos que inundan al Ipejal. Baste mencionar las fallidas inversiones en la Villa Panamericana (340 millones de pesos), en Chalacatepec (mil 500 millones de pesos) y en bonos de la empresa española Abengoa (604 millones de pesos) para la construcción del acueducto que llevaría agua de la Presa El Zapotillo a León.

Y ni qué decir de la acelerada desincorporación y venta del patrimonio inmobiliario del instituto sin la debida consulta y rendición de cuentas a los verdaderos dueños de esos activos, los trabajadores.

Ante todo esto, quienes somos trabajadores del sector público estatal debemos exigir a la actual legislatura una nueva reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco que anule la hecha en 2013 (que dio la discrecionalidad al Consejo Directivo del Ipejal para decidir cómo invertir los recursos ahorrados por los trabajadores), que establezca mecanismos regulares, extensos y efectivos de transparencia y rendición de cuentas, y que defina una nueva integración del Consejo Directivo del Ipejal con una mayor representación de los trabajadores.

Además, también debe exigirse al nuevo gobierno estatal que informe sobre las condiciones actuales del patrimonio del instituto y que indague todas las irregularidades y malos manejos (además de los sabidos) con el fin de sancionar penalmente e inhabilitar de por vida del servicio público a los responsables.

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JJ/I