Militarización

El problema no es nuevo. Tenemos aproximadamente doce años desde que las labores de combate al narcotráfico y de seguridad fueron confiadas al Ejército dada la penetración que tenían justamente los carteles de narcotraficantes en cuerpos policíacos en todos los niveles: municipal, estatal y federal. En su momento, la estrategia me pareció equivocada, además de que viola la Constitución (sólo cuando se declara un estado de excepción –la suspensión de las garantías individuales– es que el Ejército puede salir de los cuarteles en tiempos de paz), la militarización de los cuerpos de seguridad nunca ha sido una buena estrategia, dado que el entrenamiento recibido y los fines militares son diferentes a los de la policía: en un caso se trata de la contención y la prevención, en el otro, del sometimiento e incluso el avasallamiento. La naturaleza de ambos es profundamente diferente.

Podemos ver incluso el ejemplo de otros países: las dictaduras latinoamericanas se distinguieron justamente por el uso de la fuerza del ejército para reprimir a sus poblaciones; o podemos ver la situación en los Estados Unidos, país que no ha recurrido a sus fuerzas armadas para labores policíacas, pero que ha ido incorporando poco a poco armamento de grado militar (sus excedentes) a sus cuerpos civiles de protección, con resultados adversos. ¿Realmente es necesario usar tanquetas para patrullar?

En el caso mexicano, la situación excepcional se volvió la norma de facto, y después de casi dos sexenios, se intentó convertirla en la norma de jure también, con la Ley de Seguridad Interior, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, y que fue declarada inconstitucional apenas hace unos días. Pese a que un gran sector de la población se mostró en contra de dicha ley, con el dominio del anterior Congreso, el PRI logró pasarla. Afortunadamente parece que vivimos nuevos tiempos.

¿Dije afortunadamente? Creo que me adelanté, puesto que la propuesta del gobierno entrante de López Obrador incluye una Guardia Nacional compuesta por miembros del Ejército y la Marina, y dirigida por mandos militares; es decir, seguimos bajo el mismo esquema y sin un marco que regule la presencia de estos cuerpos en labores de seguridad en contacto con la población civil; es un ejemplo clásico de gatopardismo en el que todo cambia para seguir exactamente igual.

Entiendo que desde que el ex presidente Calderón tomó la decisión de sacar al Ejército a las calles, no se ha hecho un solo intento por recomponer los cuerpos civiles de seguridad; seguimos con policías cooptadas por el crimen organizado, mal pagadas, mal entrenadas y sin un sistema nacional que ayude a coordinar (y no sólo controlar presupuestalmente) las labores de protección a la ciudadanía. Son doce años de responsabilidades compartidas en todos los niveles: ninguna autoridad asumió como propia la labor de crear policías confiables; siempre fue mucho más sencillo llamar al Ejército para resolver los problemas. Hay pocas opciones disponibles para el nuevo gobierno.

La seguridad es la razón fundamental de ser de un Estado. Si no es capaz de proteger a su población, dicho Estado es fallido, pero dicha protección debe estar dentro de los cauces legales: es una contradicción insostenible violar la ley tratando de imponerla. Por lo mismo, es urgente trazar una ruta en el corto plazo para ir sustituyendo a las fuerzas militares por fuerzas civiles bien adiestradas, bien armadas y bien remuneradas.

Sin embargo, de poco servirá esto si no se hace algo para eliminar o por lo menos reducir el enorme poder corruptor del narcotráfico. Obregón decía que no había general que resistiera un cañonazo de 50 mil pesos. Es tiempo de tomar medidas efectivas contra el lavado de dinero a través de los bancos, y promover la legalización de ciertas drogas. De otra manera, la espiral de violencia seguirá aumentando.

Como sociedad, hemos llegado a un punto definitorio en nuestra historia: necesitamos ofrecer alternativas reales a la gente, y buscar las rutas que nos lleven al desarrollo y la paz.

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da/i