Quinto Patio

El 4 de diciembre el Congreso del Estado aprobó la nueva ley orgánica de la fiscalía general. Ni una semana transcurrió, apenas seis días, y el Comité de Participación Social (CPS) envió ayer al gobernador Enrique Alfaro una petición con recomendaciones para gestionar el veto parcial de la susodicha ley. Los recogedores de la solicitud y heraldos ante Alfaro son el recién nombrado fiscal general, Gerardo Octavio Solís, y el titular de la Consejería Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, Adrián Talamantes.

Entre otros puntos, el CPS solicitó al gobernador que emita observaciones hacia las disposiciones que pudieran impedir la implementación de los puntos mínimos de #FiscalíaQueSirvaJalisco. Las observaciones, a través del veto parcial propuesto, serían a cuatro artículos. Por lo pronto, mostraron disposición a hacer los cambios el presidente y el vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, los diputados Enrique Velázquez y Héctor Pizano. Si Alfaro lo aprueba, sería su primera acción vetadora, algo así como no avalar un nihil obstat.

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Por más que los diputados locales de cada Legislatura aseguran y juran (aunque en realidad perjuran) que ahorran recursos y que reducen nómina, la realidad es otra. Según los datos que dio a conocer ayer el Inegi, sobre el costo de los poderes legislativos en los estados, el de Jalisco es el tercero más obeso en personal y el sexto más caro.

No estaría mal que los diputados locales no sólo cambiaran la estructura y despidieran a los que no llegaron con ellos, para después reinstalarlos, sino que revisaran a fondo cómo hacer para bajarle… pero de verdad.

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Como que ayer en el Inegi ya les andaba por irse de vacaciones, porque sacaron varios documentos. Uno de ellos fue el relacionado con el día que se conmemoró este 10 de diciembre, por la declaración universal de los derechos humanos. Ahí también apareció Jalisco en un lugar privilegiado, el segundo estado en el país en el que más se registraron violaciones a los derechos humanos ciudadanos.

Además, nuestra honorable Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco desecha más de la mitad de las quejas que recibe, es la segunda con más personal y la tercera con más presupuesto, en datos de 2017, dice el instituto.

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Luego de que pudo dar mucho más cuando fue fiscal de derechos humanos, y que su periodo en ese cargo es calificado por especialistas como opaco, Dante Haro Reyes fue elegido por el pleno del Consejo General de la Universidad de Guadalajara como el primer defensor de los derechos universitarios. Arranca en enero en ese cargo.

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En la sesión programada para mañana miércoles, los diputados locales recibirán formalmente la propuesta del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para ratificar en el cargo de contralora a María Teresa Brito Serrano, la única funcionaria de primer nivel que sobrevivió del gobierno de Aristóteles Sandoval.

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A cinco días de entrar en funciones como gobernador, Alfaro rendirá protesta hoy como amado líder en la Junta de Coordinación Metropolitana, donde el naranja-naranja pinta casi todos los espacios.

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Los policías estatales de Jalisco resultaron más propensos a la gordura que los municipales e incluso más que el promedio de todas las entidades de la República. La encuesta de Inegi que recopila esos datos da a entender también posibles explicaciones, más allá de los taquitos de desayuno, comida y cena que algunos polis acostumbran, o de que como cubren un territorio más ancho se vuelven propensos a estar también anchos de cintura. No, no es eso.

Los estatales se encuentran expuestos a diversas situaciones estresantes que a la mayoría les pega en el estómago, pues a unos les produce cambios de peso directamente relacionados con su actividad laboral, a otros problemas estomacales, falta de apetito e incluso hay quienes tienen estrés crónico (casi cinco de cada 100). Y con eso de que ya se acabó la Fuerza Única, a los uniformados estatales les quitaron el poquito equilibrio que les daban los municipales.

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JJ/I