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La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), aprobada por los legisladores locales para concretar los planes de reestructura de la administración pública anunciados por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, supone afectaciones administrativas y presupuestales a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que merman su autonomía, lamentó su titular, Gerardo de la Cruz Tovar.
“En este caso, más que quitarnos la autonomía, fue omisa la ley, porque no la estableció, pero no nos dice que la hayamos perdido; sin embargo, sí hay situaciones que nos afectan. Nosotros sentimos que, la forma en la que está redactado uno que otro artículo, nos quita facultades de designación del personal”, expuso.
De igual forma, el no tener un libre ejercicio del presupuesto, expuso, repercute de forma negativa en la adecuada procuración de justicia.
“Claro que te limita en tu capacidad de operación. Si tú le controlas el presupuesto a alguien, prácticamente lo controlas y eso es una situación que sí haría que la autonomía se viera mermada y, en consecuencia, las cosas no serían lo que deben ser”, expresó.
El fiscal atribuyó estas situaciones no a la mala fe por parte de los legisladores, sino a la premura con la que se redactó el texto para permitir a Alfaro Ramírez llevar a cabo sus planes. Por ello, confió en que se lleve a cabo una reforma a la normativa para corregir estos fallos.
Según explicó, un veto parcial, como solicitó esta semana el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), no sería posible toda vez que la ley ya fue publicada, situación en la que coincidió Enrique Velázquez González, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y titular de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso.
“Los vetos se pueden hacer antes de que se publique la ley, pero como esta ley fue publicada de inmediato, entonces lo que vamos a hacer es una nueva propuesta de modificación”, especificó ayer por la mañana el perredista a Notisistema.
El lunes 10 de diciembre, integrantes del CPS dieron a conocer un escrito en el que pidieron el veto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el cual fue entregado en palacio de gobierno al titular de la FGE, Gerardo Octavio Solís Gómez; al consejero jurídico de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Adrián Talamantes Lobato, y a Velázquez González.
En el escrito, el comité señala que la legislación menoscaba la capacidad de la fiscalía anticorrupción de investigar al titular de la FGE y complica que el fiscal especializado pueda elegir a su personal y decidir en qué aplica sus recursos.
Tras la entrega del documento, en conjunto acordaron establecer una mesa de trabajo para consensuar ideas y proponer eventuales reformas a dicha ley.
PROMETE ALFARO UNA REFORMA
A más tardar el 18 de diciembre, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez enviará al Congreso local un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para atender los señalamientos del CPS, informó el área de comunicación social de la nueva administración.
Fue el 5 de diciembre cuando la legislación se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco, y conforme al artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente, es decir, el primer día del gobierno alfarista.
El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, expuso que, desde su creación, únicamente seis servidores públicos han sido detenidos por actos de corrupción. Se trata de dos inspectores de mercados, dos inspectores de obras públicas, un agente de movilidad y otro más de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“(En algunos casos) el juez de control consideró que la conducta que se desplegó no llegó a ser un delito; sin embargo, para nosotros sí lo es y por lo tanto se está combatiendo con recursos”, detalló.
Sin dar detalles sobre las investigaciones para no romper su sigilo, expuso que entre éstas se indagan posibles delitos cometidos por presidentes municipales del interior del estado y por integrantes del ex gabinete estatal.
En el caso del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), detalló, se investigan casos de basificaciones irregulares y compra de medicamentos a sobreprecio. En lo relativo a Secretaría de Salud, se indaga el posible mal uso de recursos en la construcción del Hospital Regional de Puerto Vallarta.
Actualmente, la fiscalía especializada mantiene abiertas mil 350 carpetas de investigación, pero sólo alrededor de 10 por ciento de éstas se encuentran relacionadas con afectaciones al erario. Toda vez que con la reciente creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, su carga de trabajo se aminorará, ya que a ésta le serán transferidas alrededor de 350 carpetas que estaban bajo su cargo. Darío Pereira
El veto a la ley de la FGE no es posible porque ésta ya fue publicada, precisa De la Cruz Tovar
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FRASE
“Si tú le controlas el presupuesto a alguien, prácticamente lo controlas y eso es una situación que sí haría que la autonomía se viera mermada” Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción
NÚMERO
1,350 carpetas de investigación mantiene abiertas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
JJ/I