Lucha de poderes

Todo parece indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está resultando un blanco fácil para el Poder Ejecutivo y sus correligionarios en el Poder Legislativo.

En la batalla entre Andrés Manuel López Obrador y legisladores morenistas contra ministros y jueces, lamentablemente los del Poder Judicial tomaron como bandera de la defensa de autonomía y separación de poderes el asunto de la reducción salarial que está exigiendo la filosofía del nuevo gobierno.

El enfado social largamente acumulado por los excesos en salarios y prestaciones en la Suprema Corte sirvió casi sin ningún esfuerzo al Ejecutivo para ir contra los que la integran.

López Obrador abrió la semana respondiendo a la suspensión de la Ley de Remuneraciones que concedió la Corte y soltó que los salarios de algunas personas en el Poder Judicial son “ofensivos”.

Según los números del presidente de la República, los ministros llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales y hábilmente apeló a que sueldos de ese calibre no es lo que la gente está demandando… y sucede que ante la gente el Poder Judicial no está muy bien parado. Según la Encuesta Nacional de Victimización 2018, que el Inegi presentó en agosto, 67.5 por ciento de la población piensa que los jueces son corruptos. Están en tercer sitio de los más deshonestos después de las Policías de Tránsito y Preventiva. Además, 55 por ciento de los mexicanos no confía en su desempeño.

La Suprema Corte tuiteó la estructura salarial del Poder Judicial para intentar demostrar que los magistrados ganan menos de la mitad de lo que López Obrador afirmó, pero no refirió bonos y prestaciones y con eso exhibió que, en efecto, la transparencia no se cumple cabalmente en una instancia en la que se supone que todo debería ser pulcro y cristalino.

Para acabar de complicar el tema, jueces federales y magistrados protestaron tan pronto como se habló de los 600 mil de la discordia.

Luis Vega Ramírez, presidente de la asociación nacional que los representa, dijo que la Ley de Remuneraciones era parte de una legislación que ataca la independencia del Poder del que forma parte.

Vega Ramírez se quejó de que hay un falso discurso de que los integrantes del Poder Judicial son privilegiados y abusan del erario, y acusó al Ejecutivo de que los deja expuestos a algún delito al ventilar sueldos estratosféricos.

Los argumentos de que necesitan salarios elevados para garantizar independencia y autonomía en nada beneficiaron a una imagen ya de por sí deteriorada.

López Obrador no dio luces de que dará marcha atrás a su intención de que se bajen los sueldos, roló la papa caliente al Poder Legislativo para que decida y en ambas cámaras la mayoría la tiene su partido, así que los resultados parecen evidentes.

Por lo pronto, en el desayuno que los diputados de Morena tuvieron con magistrados para limar asperezas, éstos aceptaron el recorte salarial, pero que aplique a los nuevos ministros. Así no pierden los que están, algunos de los cuales, por cierto, están por irse y se llevarán una muy buena pensión de jubilación. Dudosa austeridad.

Por más que diferentes personajes del Poder Judicial han salido a defender su autonomía, el daño está hecho y en mucho por las propias acciones: más allá de las remuneraciones hay que recordar los casos de impunidad, sentencias revocadas, delitos eliminados o penas reducidas.

Si es cierto que se respetará la división de poderes, lo urgente entonces es crear un Poder Judicial fuerte, transparente, profesional, confiable y autónomo, porque es la única oportunidad de contrapeso institucional que queda. Y cuidado, que viene el relevo del presidente de la Corte.

JJ/I