Urge detener la violencia

El 19 de marzo se cumple un año de la desaparición de Jesús Daniel Díaz, Javier Salomón Aceves y Marco Francisco García, estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (Caav). Ese lamentable hecho generó una fuerte movilización social en Guadalajara, principalmente de jóvenes universitarios, quienes salieron a las calles para exigir la presentación con vida con la consigna “No son tres, somos todos”. En abril de 2018 la fiscalía de Jalisco presentó el resultado de su investigación y  concluyó que los jóvenes habrían sido asesinados.

A un año de su desaparición, la exigencia de verdad y justicia sigue presente, y especialmente la necesidad de que el Estado otorgue garantías de no repetición y establezca las medidas necesarias para prevenir la violencia que se ha vuelto cotidiana, pues aunque hoy se encuentra en el gobierno de Jalisco un grupo político diferente al frente de la administración del Estado, la violencia sigue creciendo.

Con relación a la violencia contra las mujeres, Alejandra Cartagena, quien es abogada y activista defensora de los derechos humanos, recientemente señaló que en el transcurso de este año han sido asesinadas 57 mujeres en Jalisco; asimismo, diversos colectivos, como Cladem, denunciaron hace una semana que, a cuatro meses de haberse decretado formalmente la Alerta de Violencia de Género en el estado de Jalisco, el gobierno no ha presentado un plan en el que se informe quiénes serán las autoridades responsables de su cumplimiento, así como los recursos e indicadores establecidos para evaluar su implementación.

Los episodios de violencia, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, son permanentes; a diario leemos noticias sobre muertes, fosas clandestinas o personas desaparecidas. El reciente hallazgo en un canal pluvial de Ixtlahuacán de al menos 20 personas asesinadas evidencia la urgencia de atender los problemas de inseguridad de manera inmediata. Las autoridades estatales no deben minimizar el problema justificando que eso está pasando en todas las regiones del país o decir a los ciudadanos que no hay necesidad de alertarse o sentir temor ante los hechos, pues esas declaraciones pueden llevar a normalizar la violencia, como si la inseguridad fuera un riesgo con el que todas y todos debemos vivir.

En materia de prevención, el enfoque punitivo o reactivo ha demostrado su ineficacia porque no actúa sobre causas de fondo. Desde 2014, en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia se señaló que hay una combinación de causas estructurales y factores individuales, familiares e institucionales que en su conjunto pueden propiciar situaciones de violencia; también se identificaron factores de riesgo que sería necesario atender: embarazo temprano, consumo y abuso de drogas legales e ilegales, ambientes familiares deteriorados o problemáticos, deserción escolar, falta de oportunidades laborales, informalidad, desocupación, capital social debilitado, participación ciudadana incipiente, entornos de ilegalidad, espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados, marginación y exclusión social.

El problema del programa es que nunca se implementó realmente; en el primer año (2015) se entregaron fondos a proyectos aislados, la mayoría sin diagnóstico previo, sin consulta con las comunidades y sin mecanismos de evaluación. Nunca llegaron a ser políticas integrales de prevención social, tuvieron pocos resultados a pesar del alto presupuesto otorgado. Después se retiraron los recursos y el programa quedó sin aplicarse.

Hoy que el gobierno federal ha reconocido la gravedad de la inseguridad, que se habla de atender las causas de fondo que generan delincuencia, debiera existir un compromiso de todos los niveles, en estados y municipios para trabajar en acciones coordinadas mediante un plan integral. Cierto que vivimos en un sistema económico difícil de cambiar, que precariza el trabajo provocando desigualdad y exclusión social, pero vale la pena enfocarse en la prevención social a través de mejorar las condiciones de vida de la población y a la par erradicar la corrupción e impunidad presente en todas las estructuras del país que facilita la existencia de la delincuencia organizada.

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