“Desaseo” en caso sobre estudiantes

En los próximos días, el juez local que lleva el caso del secuestro de Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ávalos y Javier Salomón Aceves Gastélum, los tres estudiantes de cine desaparecidos hace un año, declinará llevar el juicio, por lo que se seguirá por completo en el ámbito federal. Así lo señaló ayer en conferencia de prensa el titular de la Fiscalía del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez.

El funcionario confirmó que encontraron “inconsistencias de fondo” en la carpeta de investigación. Por ello, dijo que indagan lo que calificó como “un desaseo y falta de profesionalismo” de la pasada administración. El fiscal no descartó que se emprendan investigaciones contra los funcionarios que tuvieron responsabilidad en estas irregularidades.

Precisó que la dependencia que encabeza entregó el caso a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y que apoyarán con todos los datos que tienen disponibles, por lo que es la instancia federal la que informará sobre los avances.

También reiteró que la causa que se sigue es por el delito de secuestro, por lo que, a pesar de las versiones que dio la anterior administración estatal sobre el presunto asesinato de los jóvenes, siguen buscándolos vivos.

Mientras, la herida que se abrió con la desaparición de los jóvenes cineastas no ha sanado.

Si bien los colectivos que agrupan a familiares de desaparecidos han mantenido una lucha constante por años, fue el caso de los tres estudiantes el que pareció abrir los ojos de gran parte de la sociedad del estado a una realidad que le circunda: en Jalisco, sin motivo de por medio y ante la pasividad de las autoridades, desaparecen personas. Se calcula que de 3 mil 600 no se sabe el paradero, según las cifras más conservadoras.

El hecho, incluso, modificó el entorno urbano y la iconografía de Guadalajara: la oficialmente llamada Glorieta de los Niños Héroes dejo de ser tal para ser rebautizada popularmente como la Glorieta de las y los Desaparecidos. Los barandales que rodean el monumento a glorias pasadas cambiaron su función para convertirse en sostén de mantas con rostros, nombres, fechas, señas particulares, números de teléfono y clamores de justicia.

Fueron los jóvenes, principalmente estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (Caav), donde Daniel, Marco y Salomón vertían su talento a favor del séptimo arte, quienes salieron a las calles a preguntar dónde estaban, a decir que la situación es insostenible. Así, bajo el movimiento denominado #NoSonTresSomosTodxs, las protestas se extendieron a otras ciudades del país y el caso alcanzó resonancia fuera de las fronteras mexicanas.

LOS HECHOS Y LA VERSIÓN OFICIAL

Todo comenzó el 19 de marzo de 2018.  Según las versiones conocidas, la tarde noche de ese lunes, Daniel, Marco, Salomón y otros estudiantes dejaron una finca en Tonalá, a la postre conocida como La Cabaña, donde pasaron el fin de semana realizando un trabajo escolar.

Al circular por el kilómetro 19 del Periférico Nuevo, el grupo se detuvo debido a una avería en uno de los vehículos en que circulaban cuando un comando armado, cuyos integrantes se identificaron como miembros de la Fiscalía General del Estado, subió a los tres estudiantes a una camioneta y se los llevó. Desde entonces se desconoce su paradero.

Transcurridos 16 días de la desaparición de los jóvenes, la indignación ciudadana forzó al entonces gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, a asumir un compromiso público de esclarecer los hechos y dar con su paradero. La Fiscalía General del Estado, dijo, sería “sacudida” en caso de no mostrar avances. 

En consecuencia, el 23 de abril de 2018 las autoridades encargadas de la investigación, encabezadas por el ex fiscal Raúl Sánchez Jiménez, emitieron una rueda de prensa en la que, con base a “indicios”, aseguraron que Daniel, Marco y Salomón fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido sulfúrico.

En una versión que se intentó robustecer afirmando que para llegar a las conclusiones expuestas habían participado agentes del Área de Inteligencia de la fiscalía, de la Policía Ministerial, de la Policía estatal, de la Unidad Antisecuestros, de la Unidad de Homicidios Intencionales, de la fiscalía de desaparecidos, de la de Derechos Humanos, y de la Policía Científica de la Policía Federal, así como de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), se aseguró que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habían confundido a los estudiantes con miembros del rival Cártel Nueva Plaza.

Los hechos, se dijo, habrían sucedido en dos puntos distintos a donde fueron vistos por última vez. En principio fueron llevados a una casa de seguridad (calle Lechuza 89/91, colonia Pinar de las Palomas, Tonalá) perteneciente a un integrante del grupo delictivo apodado El Canzón, donde fueron golpeados e interrogados en un intento por conocer su relación con el grupo rival. Ahí, siempre según la versión oficial, fueron asesinados.

Posteriormente, sus cuerpos habrían sido trasladados a una tercera finca ubicada en la calle Amapola de la colonia Prados de Coyula, también en la Cuna Alfarera, donde sus cuerpos habrían sido disueltos en ácido.

“(Ahí) se encontraron 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico (a 98 por ciento de pureza), tres tinacos con restos de esta sustancia, que es frecuentemente utilizada por bandas delictivas para la disolución de cadáveres. Por estos hallazgos se presume que ahí pudieron ser diluidos los cuerpos”, se expuso entonces a través de un video.

Aunque precisamente “inferir” y “deducir” fueron algunos de los verbos más repetidos ese día, la localización de una mancha de sangre compatible con el ADN de Daniel y de una gota de sudor que empató con el de Marco, fueron las pruebas periciales que resultaron suficientes a las autoridades para comunicar públicamente que los jóvenes fueron asesinados.

La investigación, indicaron las autoridades, consistió en más de 400 entrevistas, el cateo de 15 fincas y el análisis pericial de alrededor de 100 indicios de diversa índole.

En esa ocasión se informó de la detención y vinculación a proceso de Gerardo N, alias El Cochi, y Omar N, El QBA, señalados de haber participado en la desaparición de los jóvenes.  

En los meses posteriores se llevaron a cabo otras tres detenciones: la de Jonathan N, El Kalimba; Miguel Ángel N, El Tuntún, y Jonathan Josué N, El Choco.

Hasta el momento, siguen siendo cinco los detenidos por el caso, mientras que otras dos órdenes de aprehensión no han logrado ser ejecutadas.

Otros dos sospechosos de estar involucrados en la desaparición de los estudiantes, incluido El Canzón, fueron asesinados días después de que ésta aconteciera.

A pesar de que en dicha rueda de prensa se enfatizó que las investigaciones continuaban abiertas, los padres de Daniel y Marco denunciaron que, desde entonces, paró la búsqueda con vida de sus hijos.

 ANOMALÍA. Luis Octavio Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, puso en entredicho la versión de la fiscalía.
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LAS INCONSISTENCIAS

El 2 de mayo de 2018, Luis Octavio Cotero Bernal, ex titular del IJCF, aseguró que la institución no había encontrado pruebas que permitieran “corroborar el ADN de los jóvenes entre los residuos de los contenedores”.

Sin descartar, pero tampoco afirmar que los cadáveres de los jóvenes fueran disueltos, expuso que la falta de certezas científicas se debía al grado de concentración del ácido supuestamente utilizado para eliminar los cuerpos (98 por ciento) y a que fue combinado con agua, lo que provoca un grado de corrosividad que “rompe” las moléculas de ADN, imposibilitando la obtención de perfiles genéticos. 

Sin embargo, fueron Sofía Ávalos Ornelas, Ramón García Jasso, Virgilia García García y Miguel Díaz Trinidad, padres de Marco y Daniel, respectivamente, quienes durante meses se abocaron a desentrañar el contenido de los seis tomos del expediente para evidenciar las inconsistencias, omisiones y contradicciones en que incurrió la fiscalía estatal.

En una entrevista que tres de ellos mantuvieron con la periodista Carmen Aristegui el 24 de diciembre, además de enfatizar la inexistencia de pruebas científicas que pudieran confirmar la versión del asesinato y de exponer diversas contradicciones entre lo expuesto por agentes investigadores, Sofía Ávalos resaltó cuestiones como que, a pesar de que según la versión oficial los jóvenes fueron asesinados el 19 de marzo, la cuenta bancaria de su hijo presentó tres movimientos al día siguiente: una compra de gasolina, el pago de un viaje realizado en Uber y otra compra realizada en un supermercado.

Entre las pesquisas, nunca se consideró solicitar judicialmente a la empresa de redes de transporte la información sobre el trayecto realizado por el taxi ejecutivo.

De igual forma, las autoridades ignoraron el hecho de que teléfonos celulares de los jóvenes tuvieron actividad posterior al día 19. Las familias nunca conocieron las respectivas sábanas de llamadas o la ubicación de los dispositivos.

Por su parte, Miguel Díaz recriminó que las autoridades estatales se negaron a entregarles los registros captados por cámaras de seguridad ubicadas frente una de las casas en las que ocurrieron los sucesos.

Además, consideraron insuficiente que las jóvenes que acompañaban a Daniel, Marco y Salomón cuando fueron llevados a la fuerza, hayan declarado en una única ocasión.

“La difusión de la verdad oficial tuvo un gran impacto social y mediático no sólo a nivel nacional, sino que tuvo alcances internacionales. Esa difusión, a la vez, justificó el cese en la búsqueda y localización de nuestros hijos por parte de la Fiscalía del Estado. Además, nosotros fuimos coaccionados por varias autoridades para obligarnos a creer su descabellada versión”, lamentó Sofía Ávalos.

En ese mismo sentido, Virgilia García calificó como “un complot” el trato recibido por parte de la fiscalía de Jalisco, pues consideró que fueron inducidos con engaños a aceptar la versión oficial.

PETICIÓN INTERNACIONAL

El 5 de diciembre del año pasado, gracias a las acciones emprendidas por los padres de Marco y de Daniel, el Comité contra la Desaparición Forzada del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó conocimiento de la desaparición de los jóvenes y solicitó al gobierno mexicano que emprendiera acciones efectivas para su localización.

“El comité ha activado el procedimiento de acción urgente enviando una nota al Estado (mexicano), en la cual ha expresado su grave preocupación por la integridad física y psicológica de los señores Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García y ha requerido la acción urgente del Estado para buscarles y localizarles”, expuso entonces la instancia internacional.

Además de realizar acciones efectivas en este sentido, mismas que debieran ser comunicadas a sus familiares, el comité solicitó al Estado mexicano la reasignación inmediata del caso a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a fin de “garantizar la plena imparcialidad e independencia de los procesos de búsqueda e investigación”.

Con base a este documento, fue el 14 de diciembre cuando los padres de Daniel y Marco solicitaron de forma oficial la atracción del caso por parte de las autoridades federales.

En el escrito entregado a la delegación Jalisco de la todavía entonces PGR, reiteraron las presiones recibidas por parte del gobierno estatal para que el caso no trascendiera más de lo que ya lo había hecho.

“El gobernador nos pidió cautela y sigilo de ‘no decir nada del asunto’. Además, nos brindó falsas expectativas sobre el paradero de nuestros hijos y reiteraba que pronto los encontraríamos, por lo que enfatizaba en nuestro silencio”, se lee en el documento.

Fue en el mismo espacio radiofónico encabezado por Carmen Aristegui donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), adelantó que, ante las inconsistencias de la investigación realizada por las autoridades estatales, esa instancia atraería el caso.

El 28 de diciembre se concretó esa acción y el expediente se radicó en la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente de avances en las investigaciones y la FGR negó a este medio una entrevista para conocer los avances sobre el caso.

Así, el “¿dónde están?”, la pregunta que desde que se conoció el caso se replicó a gritos por las calles del país, sigue vigente.

Cronología

2018

• 19 de marzo. Marco, Daniel y Salomón son desaparecidos por un grupo armado tras dejar la finca, ubicada en Tonalá, en la que realizaban un trabajo escolar
• 2 de abril. Es asesinado El Canzón, señalado como responsable del grupo armado que desapareció a los estudiantes
• 4 de abril. Tras múltiples protestas ciudadanas, el ex gobernador Aristóteles Sandoval fija un plazo máximo de 15 días a la fiscalía para dar con el paradero de los jóvenes
• 23 de abril. En rueda de prensa encabezada por el entonces fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, se asegura con base a “indicios” que los tres jóvenes fueron asesinados y, posteriormente, disueltos en ácido. Da a conocer la detención de dos personas
• 2 de mayo. Luis Octavio Cotero Bernal, ex titular del IJCF, asegura que la institución “no ha encontrado pruebas que permitan corroborar el ADN de los jóvenes entre los residuos de los contenedores”
• 5 de diciembre. A petición de los padres de Marco y Daniel, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activa el procedimiento de acción urgente en el que se denuncian diversas irregularidades en las pesquisas, se pide la búsqueda con vida de los estudiantes y se sugiere la atracción del caso por autoridades federales
• 14 de diciembre. Los padres de estos dos estudiantes solicitan de forma oficial, ante la delegación Jalisco de la entonces Procuraduría General de la República, la atracción del caso por las autoridades federales
• 24 de diciembre. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez anuncia la reapertura de las indagatorias ante la falta de certezas de la versión vertida ocho meses antes. La búsqueda con vida de los jóvenes vuelve a ser una línea de investigación
• 28 de diciembre. La Fiscalía General de la República ejerce su facultad de atracción de la investigación

NÚMERO

5 detenidos hay por el caso: Gerardo N, alias El Cochi; Omar N, El QBA; Jonathan N, El Kalimba; Miguel Ángel N, El Tuntún, y Jonathan Josué N, El Choco

“Nosotros fuimos coaccionados por varias autoridades para obligarnos a creer su descabellada versión”
Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco

Hoy habrá protesta y marchas para recordar

Hoy, los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (Caav), de la que Marco, Daniel y Salomón eran alumnos, convocan a una manifestación “para recordar que la lucha sigue por ellos y por todas y todos los desaparecidos”.

El llamado es a realizar una concentración en el centro de estudios (ubicado en calle Lerdo de Tejada 2043, colonia Americana, Guadalajara), a las 9 horas, para de ahí partir hacia la rebautizada Glorieta de las y los desaparecidos, donde se “sembrará un jardín” y se harán pronunciamientos “contra la desaparición forzada y la impunidad”.

A UN AÑO. Los estudiantes del Caav caminarán hoy hacia la Glorieta de las y los desaparecidos.
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Asimismo, se prepara otra movilización por el aniversario que será dedicada también a las personas desaparecidas. Partirá de la Glorieta de las y los desaparecidos a las 17:30 horas hacia el Parque Revolución.

De igual forma, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) anunció que a partir de las 18:30 horas de hoy realizará una marcha que saldrá desde la Plaza de la República, con la exigencia de justicia y aparición tanto de los tres jóvenes cineastas como de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que han desaparecido. La acción de protesta concluirá en la glorieta antes referida.

A través de Twitter, el líder de la FEU, Jesús Medina Varela, exhortó a los asistentes a llevar una veladora para iluminar la “glorieta en búsqueda de esperanza, justicia y paz”.

Preparan una estrategia para desapariciones

Con base en dos ejes centrales –hablar con la verdad y actuar con responsabilidad–, mañana el gobierno estatal, a las 17 horas, presentará la primera etapa de la estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición, en la capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas.

Por medio de un comunicado, la administración jalisciense informó que ha decidido “hacer visible uno de los grandes problemas que aquejan al estado y al país”: la desaparición de personas, ya que tanto las víctimas como sus familiares resultan afectados. 

En la ficha informativa se afirma que el gobierno estatal ya contactó a familiares de personas desaparecidas para conocer su “experiencia de primera mano”, lo que lo ha llevado a reconocer que las instituciones actuales no han garantizado la atención correcta a la problemática.

“Esto nos permitió identificar que las dependencias involucradas en la búsqueda, identificación y atención a víctimas no han contado con las condiciones y los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que la atención que reciben quienes denuncian o reportan una desaparición, sea digna y respetuosa de sus derechos”.

 SEDE. La estrategia será presentada el miércoles por la tarde en el Cabañas.
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“La magnitud del problema hace evidente la necesidad de replantear, de raíz, la manera en la que las instituciones hacen frente a este fenómeno”
Extracto del comunicado del gobierno estatal

Tras llegar a esta determinación, se añade que se trabajará con los ejes referidos. Con hablar con la verdad, el Ejecutivo estatal detalla que se refiere a informar sin simulaciones, sin mentiras ni falsas promesas para las víctimas; mientras que con actuar con responsabilidad, específica: “(Se escuchará) a las familias y a la sociedad civil, buscando el apoyo de especialistas, universidades e instituciones nacionales e internacionales”.

“La magnitud del problema hace evidente la necesidad de replantear, de raíz, la manera en la que las instituciones hacen frente a este fenómeno. Por eso, en el gobierno de Jalisco estamos desarrollando una estrategia de trabajo intensiva y sin pausa, en la que las áreas de gobierno correspondientes seguirán cumpliendo con sus funciones todos los días, y al mismo tiempo trabajarán en el diseño e implementación de un mecanismo de coordinación que nos permita mejorar de manera sustantiva la atención a las víctimas”, abunda el comunicado.

En Jalisco hay más de 3 mil 600 personas desaparecidas.

JJ/I