Replantear la protección a las personas en situación de movilidad

La crisis de atención a la personas en situación de movilidad nos alcanzó. Llegó el momento de revisar, actualizar y ampliar los instrumentos internacionales, declaraciones y compromisos entre los Estados de la región.

Hace 40 años la región de Latinoamérica adoptó la Declaración de Cartagena +40, un instrumento complementario a la Convención sobre las Personas Refugiadas de 1951 y aunque en aquel lejano 1984, la definición de persona refugiada se amplió para considerar bajo este concepto a las personas que huyen de situaciones de violencia generalizada, esa innovación no representó necesariamente una política pública o acción concreta regional para garantizar la protección a estas personas.

Para muestra, un botón. Apenas el año pasado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) México reveló que la violencia, las amenazas y la inseguridad son las primordiales causas que motivan a las personas a salir de sus comunidades y país de origen, lo que contraviene la percepción y discusión públicas respecto de que el origen de la movilidad humana es la pobreza y la falta de oportunidades. Esta organización internacional aplicó una encuesta a más de 6 mil personas en situación de movilidad en 20 ciudades del país, encontrando que 51 por ciento declaró que vive condiciones de violencia, inseguridad e incluso persecución, lo que pone de manifiesto que estas personas no son propiamente migrantes, sino personas en búsqueda de refugio, necesitadas de protección.

En este abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la representación de la ACNUR recibieron a las y los representantes de las cancillerías de América Latina y el Caribe, a personal técnico y a representantes de organizaciones de la sociedad civil, lideradas por personas refugiadas para celebrar la primera de tres consultas técnicas preparatorias para avanzar en soluciones a las necesidades diversas y urgentes que enfrentamos en la actualidad y, a la vez, anticiparnos a aquellas que vendrán en el decenio que tenemos por delante, de acuerdo con el embajador Rodrigo Olsen, secretario general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Esta primera consulta técnica hacia la Declaración de Santiago de Chile centró su atención en la admisión, recepción y acceso al procedimiento de determinación de la condición de las personas en situación de movilidad y de apatridia; así también en facilitar el acceso a alternativas de estadía legal y de documentación; a la búsqueda de oportunidades para el establecimiento acuerdos temporales de estancia y vías complementarias de protección humanitaria que son urgentes en la región.

A este primer ejercicio se sumarán dos consultas más; una que tendrá como sede Brasil para abordar soluciones duraderas y otra en Colombia que versará sobre la protección de las personas refugiadas frente a los desastres naturales y el cambio climático que como sabemos, ya obligan al desplazamiento forzado de las personas, incluso en México.

La Declaración de Santiago se firmará este diciembre y habrá de revisarse nuevamente en 2034 para establecer una nueva hoja de ruta regional que responda a la situación de movilidad humana y se adapte a las nuevas circunstancias que plantee la realidad. Ojalá que para entonces América Latina y el Caribe den muestra de políticas solidarias y soluciones duraderas en beneficio de las personas que requieren protección internacional.

X: @claudiaacn

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