Federación borró 408 desaparecidos

Mediante la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el gobierno federal borró al menos 408 registros de personas de Jalisco que estaban etiquetadas como desaparecidas, informó la organización Data Cívica a través del proyecto Volver a Desaparecer.

El ejercicio de análisis de datos identificó casi 11 mil nombres borrados a nivel nacional, de los que 408 pertenecen a Jalisco.

La justificación que debería tener el gobierno federal para haber borrado los registros de la base de datos de personas desaparecidas es que hayan pasado a la de personas localizadas; sin embargo, ante la falta de transparencia y claridad en el proceso de depuración, Data Cívica especificó que no se tiene certeza de eso, motivo por el que lanzó la plataforma Volver a Desaparecer.

La herramienta, además de evidenciar cómo se rasura al registro nacional de desaparecidos, también tiene un apartado para que la población pueda revisar cuáles nombres fueron borrados y aportar información para saber si en realidad fueron localizados o no.

El total de nombres identificados por Data Cívica y que fueron borrados con el censo es de 10 mil 953. De ellos, la mayor cantidad, mil 530, corresponde a la Ciudad de México, la cual es seguida por el Estado de México con mil 115; Veracruz, con 854, y Tamaulipas, con 683. Jalisco es la decimoprimera entidad con más nombres borrados.

“Lo que hemos identificado con la falta de trazabilidad, transparencia y metodologías claras y, sobre todo, la falta de participación de la familias en estos procesos, así como las inconsistencias que ha habido, es que el Estado está en una incapacidad de cumplir con su obligación”, dijo al respecto Mónica Meltis, directora de Data Cívica.

En la presentación de la plataforma, César Contreras, del Centro ProDH, apuntó que a partir de la estrategia nacional  se generó una nueva versión del registro de personas desaparecidas, pero ésta ha dejado más incertidumbres que certezas.

“Encontramos tres escenarios de incertidumbre entre las familias que buscaban a sus familiares en esta versión de la Búsqueda Generalizada. Uno eran errores, en nacionalidad, en datos particulares; segundo, que no aparecía la persona, y por último, cuando aparentemente hay una información que no les ha compartido la autoridad, como decir que la persona está localizada o ubicada. Por eso generamos formatos para enviar a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la instancia responsable, y solicitarle que corrija”.

UN CASO

Entre los casos mal clasificados o borrados de Jalisco está el de Wendy Sánchez, joven jalisciense que desapareció en los límites de Nayarit y Jalisco.

“En la actualización de ‘Búsqueda Generalizada’, la categoría del registro de Wendy es ‘Se busca reportante’. Eso a pesar de que su familia presentó una denuncia en su momento en la Fiscalía de Nayarit y de que su hermano Baruc ha sido desde el principio sumamente activo en la búsqueda de Wendy difundiendo su foto e información en redes sociales”, se lee en la plataforma.

Con esa reclasificación podría haber hasta 62 mil 112 personas desaparecidas en el país que, como a Wendy, pudieran no estar buscando las autoridades, concluyó Data Cívica.

Convocatoria de Búsqueda se repetirá; sólo hubo un registro

La actual legislatura tendrá otra convocatoria desierta, pues sólo una persona se registró para buscar ocupar alguna de las seis vacantes del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Jalisco.

En el proceso se buscó elegir a tres personas familiares de personas desaparecidas, a una persona especialista en la protección y defensa de los derechos humanos y búsqueda de personas sin localizar, y a dos personas representantes de organizaciones de la sociedad civil con enfoque en derechos humanos.

Ayer, cuando casi vencía el plazo de registros, se anotó la única persona interesada: Irasema Consuelo Sauceda Martínez, quien buscó competir por uno de los dos espacios destinados a la sociedad civil.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Hortensia Noroña Quezada, reconoció que la convocatoria se declarará desierta y se deberá emitir otra, tal y como sucedió con la que pretendía llenar cuatro espacios de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La convocatoria tuvo tres días para el registro de aspirantes y sólo dos para difusión, lo que fue criticado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) en un pronunciamiento emitido el lunes.

Ante el casi nulo interés en el procedimiento, la legisladora aceptó que varios factores influyeron, entre ellos la corta difusión del mismo, la falta de documentos a la mano y otros.

Los consejeros salientes dejarán el cargo el 2 de mayo, por lo que no se alcanzará a nombrar antes a sus sucesores. Jessica Pilar Pérez 

jl/I