Obligarán por ley a cobrar créditos fiscales

Ante la nula intención de entes públicos de cobrar mil 430.5 millones de pesos de 76 cuentas públicas desde hace 10 años, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y titular de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Hugo Ruiz Esparza, obligará a hacerlo a través de una reforma legal que implicará sanciones penales.

Este legislador priísta señaló que se aprovechará de la nueva reforma a la ley de fiscalización, que debe estar lista en unos meses, para recalcar que si no cumplen con su obligación tendrán responsabilidad penal.

“Estamos analizando, pero uno de los temas puede ser, inclusive, poder hacer penalmente responsables a los sujetos obligados de hacer un cobro de un crédito fiscal que han sido omisos en  hacer la ejecución”, precisó.

El legislador señaló que es necesario poner más presión en esta responsabilidad, ya que pese a ser obligación su cobro no lo hacen, y hasta en algunos casos lo hacen a propósito por un acuerdo con sus antecesores: “Yo creo que muchos se ponen de acuerdo, sobre todos en los Municipio”.

En marzo se pretende aprobar en la comisión esta reforma legal, la cual incluye los cambios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para que en julio se apruebe en el pleno.

Meten presión

Mientras que se elabora esta reforma, el pleno aprobó la semana pasada su propuesta de exhortar a todos los ayuntamientos y a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) para que informen sobre las acciones realizadas para recuperar los créditos fiscales decretos por el Poder Legislativo a Municipios, organismos autónomos, organismos públicos descentralizados y dependencias estatales en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la notificación.

A la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) los diputados locales le piden que informe sobre la intervención que ha tenido en los procesos de ejecución interpuestos respecto al cobro de los créditos fiscales desde 2010, y le instruyen para que en la subsecuentes auditorías a entes auditables se verifique el cumplimiento de las reglas contables y jurídicas sobre el registro y cobro de créditos fiscales.

De las cuentas públicas de la zona metropolitana con cargos, dos son de Tlajomulco de Zúñiga: la de 2008, cuando era alcalde Antonio Tatengo, por 117.5 millones de pesos con cargos, y la de 2009 por 169.4 millones. La cuenta pública 2008 del Siapa salió con cargos de 706.4 millones de pesos.

Ruiz Esparza aclaró que los créditos fiscales millonarios detectados en las últimas administraciones aún no están vigentes porque aún están en análisis.

En cuanto a los ayuntamientos y Sepaf contesten sobre cómo va el proceso de cobro, el diputado priísta pedirá en la comisión que se instauren los juicios políticos contra los responsables que no cumplieron con su obligación de cobrarlos.

Ruiz Esparza recordó que la fracción séptima del artículo séptimo de la Ley de Responsabilidades establece que una causal de juicio político es la omisión en cobrar los créditos fiscales.

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