El derecho a la información del agua

Este miércoles pasado fue Día Mundial del Agua y no faltaron eventos públicos en los que funcionarios de todos los órdenes hablaron de lo importante que es tenerla, cuidarla, etcétera, pero lo que nadie mencionó fue el derecho ciudadano de tener acceso no nada más al recurso natural, sino también a información pública sobre su calidad y cantidad en la región.

Una enorme violación a este derecho se dio a conocer ese mismo día, el miércoles, cuando el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) entregó a este medio la resolución que obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente (Semadet), vía transparencia. En febrero, la asociación civil le solicitó información respecto al estudio hídrico en la cuenca del Río Verde que dará datos técnicos actualizados para analizar si El Zapotillo es viable o no, a 80 y a 105 metros de cortina.

El estudio en cuestión está a punto de ser terminado por la Unops, una oficina de Naciones Unidas para asesorar a gobiernos en torno a proyectos conflictivos, y lo entregará a la Semadet en abril, lo que significa que a estas alturas ya están los datos científicos terminados y sólo están en fase de cierre, de elaboración de conclusiones y demás.

La solicitud de transparencia que hizo el Imdec a la Semadet tenía que ver con informar sobre los resultados preliminares del estudio y minutas de trabajo, que en febrero ya habían sido entregadas a la dependencia, pero la respuesta oficial fue sorprendente: negaron los documentos y los reservaron un año, nada menos porque en la secretaría consideraron que darlos a conocer, sin concluir el estudio, podría prestarse a “malas interpretaciones”, “rebelión” y hasta actos de “terrorismo”.

Lo que el consejo de transparencia de la Semadet, incluida ahí su titular Magdalena Ruiz Mejía, argumenta en su respuesta a la asociación civil, es que el proyecto de El Zapotillo es de alto conflicto social y por lo tanto soltar información relacionada con el agua que se embalsaría en la presa desataría un caos.

Los argumentos expuestos, además de excedidos, resultan contrarios a los fines que perseguía el estudio cuando en diciembre de 2015 se anunció; ¿no se suponía que la información resultante serviría para despejar dudas técnicas sobre los escenarios que pudieran derivarse de la conclusión de la presa? ¿No eran para dar certeza a la población de que la decisión que el gobernador tome respecto al Zapotillo será la más adecuada ambiental y socialmente?

Otro de los absurdos en esa resolución es que el estudio de la Unops, que costó 4.6 millones de dólares del erario de los jaliscienses (o sea, cerca de 90 millones de pesos), alega que los estudios están incompletos y dar solamente un avance parcial podría generar malos entendidos; pero si concluyen en abril, ¿por qué los reservan de la población durante un año, si en un mes estarán terminados y totalmente clarificados?

Ocultar un documento tan coyuntural y caro, además de una violación al derecho a la información, es una falta de respeto para las mil 500 personas cuyos pueblos están en juego por El Zapotillo; también es un abuso para los jaliscienses que quieren conocer la viabilidad de traer agua de una presa que desde hace 12 años ha sido la intranquilidad de familias completas.

Urge que los ciudadanos sigan solicitando información vía transparencia a la Semadet sobre los documentos resultantes del estudio denominado Jalisco Sostenible, pero que también involucren y se quejen ante el Itei cuando la respuesta obtenida es que se trata de documentos reservados.

No se puede hablar de un manejo responsable del agua en el estado sin garantizar el acceso ciudadano a la información elemental.

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