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Descarado
El voto despojando afores
De manera formal, la legislación electoral que se ha construido a partir de los 90, después de que en 1988 por primera vez hubiera una disputa real entre diversos actores a la Presidencia de la República, permitiría que cualquier grupo político con respaldo popular pudiera aspirar a gobernar al país. Sin embargo, a pesar del marco jurídico cada vez más complejo, los procesos político electorales de México siguen siendo fuertemente cuestionados, como el señalamiento de fraude en 2006 o la compra de voto en 2012.
Aún así, y a pesar de todos los elementos que distorsionan el derecho de los ciudadanos al ejercicio libre del sufragio, la vía electoral sigue siendo un instrumento político para ejercer la democracia.
En América Latina, durante los años 90 y hacia el siglo 21, fuertes movilizaciones populares y movimiento sociales acompañaron y empujaron los procesos electorales con candidaturas progresistas, nacionalistas o de corte antineoliberal. La llegada de personajes como Evo Morales, en Bolivia; los Kirchner, en Argentina; Lula y Dilma, en Brasil; Rafael Correa en Ecuador y, en su momento, Hugo Chávez, en Venezuela, fue posible gracias al voto ciudadano en los procesos electorales pero precedidos, en todos los casos, de fuertes movilizaciones sociales.
En el caso de México, en la disputa por el gobierno rumbo a 2018 y más allá de las fuerzas políticas o siglas de los actores que se encuentra aspirando a la Presidencia, la disputa de fondo de la contienda electoral es la posibilidad de cambiar el rumbo económico, político y social del país o mantener el viejo modelo que conocemos como neoliberalismo, cuya implementación cambió el rumbo económico y político definido por el México posrevolucionario, para apegarse al modelo de desarrollo impuesto desde el exterior.
La continuidad en 2018 la representan aquellas fuerzas y actores políticos dispuestos a mantener el modelo económico establecido, aún con la entrega de los recursos naturales y humanos al capital trasnacional, sosteniendo el sistema exclusión, pobreza y desigualdad social; un modelo que cobija la impunidad, la corrupción y recurrentes violaciones a los derechos humanos; un sistema económico en el que los derechos de los trabajadores se constriñen al máximo dando pie a la flexibilización laboral, los contratos temporales y el nulo acceso a la seguridad social y sistemas de pensiones. Las administraciones públicas, desde Miguel de la Madrid a la fecha, han continuado y profundizado el modelo, con la acusación de que las llamadas reformas estructurales no son sino la materialización más reciente del Consenso de Washington propuesto por los organismos financieros internacionales.
La posibilidad de cambio estaría representada por aquellos actores y grupos políticos que cuestionan al sistema establecido, que no comparten el ideal neoliberal y que estarían trabajando por un proyecto de nación en el que se ponga el bienestar social por encima del interés de las trasnacionales y las élites políticas ligadas al capital extranjero.
La situación no es sencilla, la maquinaria institucional puesta al servicio de la continuidad se vale de todos los mecanismos posibles; ya lo vimos con la llamada guerra sucia en la que la propaganda contra la opción de cambio se vuelve permanente y ante la posibilidad real de quedar desplazados del poder la ponen en marcha sin el menor recato. Los grupos que representan el poder económico del régimen neoliberal harán todo lo que esté a su alcance para preservarlo.
Para lograr el cambio de rumbo, los actores que son críticos del sistema deberían establecer un programa común, una agenda de trabajo que permita construir el modelo de nación necesario para rescatar a México del desastre neoliberal; un programa de gobierno que sea acorde a las necesidades de la gente, que ponga fin a la corrupción e impunidad, que vea por el interés de la nación y no por las élites económicas ligadas al capital extranjero; lo que no será fácil, porque hay una gran dispersión y diversidad de voces críticas que aún no encuentran un mecanismo de acción para articularse y formar el gran referente que lleve a un cambio de fondo y no de siglas en la política mexicana.
Las condiciones objetivas para el cambio están dadas, ahora sólo falta la más amplia correlación de fuerzas que de forma unitaria lo hagan posible.
* División de Estudios Jurídicos de la UdeG
Doctorado y Maestría en Derecho
La bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados acaba de presentar un paquete de iniciativas que tienen como objetivo establecer la segunda vuelta electoral en comicios presidenciales
También sugiere gobiernos de coalición en el ámbito federal
Para el vicecoordinador de los diputados del Verde, Javier Herrera Borunda, es el momento óptimo para una reforma política de gran calado como ésta.
Según Herrera Borunda, en la democracia actual del país, el que gana la elección lo hace con un tercio de la votación
Esto quiere decir que dos tercios, la mayoría, no votaron por su proyecto y por eso, desde un principio su proyecto de nación tiene que remar contra corriente
La iniciativa propone que para ser electo presidente se deberá ganar con más de 50 por ciento de la votación
En caso de que ningún candidato obtenga ese porcentaje, el candidato con mayor número de votos deberá informar por escrito al INE si opta por establecer un gobierno de coalición o por la segunda vuelta electoral
Un gobierno de coalición debería ser integrado con los partidos políticos que representen más de 50 por ciento de la integración de la Cámara de Diputados
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-De las 32 entidades, 12 vieron modificados sus distritos
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-Del PAN, la ex primera dama del país Margarita Zavala ya comentó sus aspiraciones, aunque también suena el presidente nacional del partido, Ricardo Anaya Cortés
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-Por los independientes, Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también se destapó
-Jaime Rodríguez El Bronco dice que en diciembre decide si se lanza
88.7 millones de ciudadanos en el listado nominal para 2018
150 mil casillas
1.5 millones de personas serán capacitadas para la elección
970 mil propietarios de casilla
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EH/I