Arranca el SNA con pendientes

Ciudad de México. Hoy entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática.

Pero lo hará sin un fiscal anticorrupción a la cabeza, entre otros grandes pendientes.

Al concluir hoy el plazo de un año que se estableció en las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, el SNA debe iniciar su vigencia a partir de este 19 de julio.

La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la fiscalía anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, se designó a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.

Participan también la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el fiscal anticorrupción.

Pendientes

Aunque ya se cumplió el plazo y las tareas están bien definidas, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso, y el nombramiento de un fiscal anticorrupción, que el Senado tampoco ha nombrado.

Igualmente, falta establecer en la mayoría de los estados de la República los sistemas locales anticorrupción, que deberían ser espejos del nacional y que el Senado nombre a 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes deberían encargarse de juzgar los casos graves de corrupción tanto de funcionarios públicos como particulares.

Esos magistrados deben encabezar la Tercera Sala del Tribunal y cinco Salas Regionales, las cuales el Tribunal creó la semana pasada, con base en su Ley Orgánica, aunque no existan todavía los juzgadores oficialmente nombrados por la Cámara alta.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente (a partir de este miércoles) declaración patrimonial y de intereses.

Esto incluye a los empleados de todos los niveles, desde el más modesto hasta el presidente de la República, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios y a todo aquel que haga negocios con el gobierno.

La razón de ello es que se pueda castigar también a particulares que incurran en actos de corrupción con funcionarios.

Sin embargo, como todavía no existen los formatos para presentar estas declaraciones, ese paso no se puede cumplir.

200 Millones de pesos de presupuesto anual para el Secretariado Técnico

Les gana el protagonismo

Ciudad de México. La bancada panista en la Asamblea Legislativa llamó a quienes se oponen al sistema local anticorrupción a dejar de lado el protagonismo y centrarse en la integración interinstitucional de dicho sistema, a fin de reforzar el combate a la impunidad.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, lamentó la descalificación a los asambleístas que han cumplido en tiempo y forma con los procesos legislativos, y llamó al único partido en contra de la integración del Sistema Anticorrupción a reconocer los logros alcanzados en favor de la ciudadanía y de la transparencia en el ejercicio público.

Una vez aprobadas las reformas a cinco leyes y la creación de seis más para dar vida al sistema, Romero Herrera sostuvo que el proceso legislativo y de construcción para este dictamen fue transparente y abierto a la sociedad.

“Es increíble que a estas alturas se siga diciendo que no se involucró a alguna asociación ni a ciudadanía alguna, que faltando cinco segundos se hicieron públicos los dictámenes”, aseveró.

Ante tales dichos, el diputado local coincidió en la necesidad de hacer públicas las versiones estenográficas de todos y cada uno de los foros que se llevaron a cabo desde hace un semestre para recabar opiniones de académicos, empresarios y de la sociedad civil.

JJ/I