Detectan deficiencias en sistema penal

Ciudad de México. Presiones externas, resistencias desde los tribunales, falta de conocimiento más profundo de cómo realizar el control convencional en situaciones prácticas y deficiencias en el actuar de otras instancias no judiciales, son parte del diagnóstico del informe Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia.

 El documento fue presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

El informe contiene una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del poder judicial, defensoría de oficio, congreso, institutos de transparencia, medios de comunicación, sociedad civil y academia.

Entre ellas cita la necesidad de entender las reformas de manera integral y en conjunto, garantizando que el enfoque de derechos humanos permee en la formación y aplicación del nuevo sistema de justicia penal, así como en la apertura del juicio de amparo.

También plantea adoptar criterios proactivos que garanticen el efectivo acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, así como reforzar el derecho de acceso a las versiones públicas de sentencias judiciales y otros datos que permitan el escrutinio público en asuntos de justicia.

El informe subraya que debe modificarse la enseñanza del derecho, para incorporar de manera transversal los derechos humanos.

Destaca que durante el monitoreo realizado poco se observó la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en las resoluciones revisadas.

“En la mayoría de las sentencias que revisamos se mantiene un trato aparentemente neutral que no necesariamente toma en cuenta las identidades y circunstancias de las partes, abordaje que en diversos casos resulta insuficiente para garantizar el acceso a la justicia en igualdad”, destaca el documento.

En cuanto a las reformas en materia de amparo, afirma que hasta la fecha no se han terminado de consolidar criterios homologados en el sentido de maximizar la protección que ofrece el juicio de garantías, coexistiendo interpretaciones claramente pro persona que buscan velar por la protección y reparación real frente a violaciones a derechos humanos, con otras interpretaciones más tradicionales y restrictivas.

El informe sentencia que “hay un importante camino a recorrer para lograr la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal y la transformación de las prácticas viciadas del sistema de procuración de justicia”.

“Los sectores consultados señalan la necesidad de mejorar los conocimientos y capacidades de todos los actores involucrados; contar con peritos independientes y suficientes para atender la demanda de servicios forenses; reducir las cargas imposibles de trabajo en las defensorías públicas”, añade.

Asimismo menciona la urgencia de depurar a las policías ministeriales y fortalecer los controles para que prácticas como las falsas flagrancias y otras violaciones a derechos humanos no se toleren, sobre todo en las etapas iniciales del proceso, entre otros.

“Diversos indicios apuntan a la necesidad de poner especial atención en el uso del procedimiento abreviado y otros aspectos del proceso que pudieran dar cuenta de la perpetuación de prácticas viciadas como la tantas veces denunciada confección de pruebas ilícitas”
Informe de monitoreo

JJ/I