Protegen aeropuerto contra las protestas

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla obtuvo una suspensión provisional que confirma la vigencia de las restricciones para que los ejidatarios de El Zapote impidan que funcione el estacionamiento.

El abogado de los empresarios, Pablo López López, explicó que se trata de una resolución que emitió el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, con la cual se impide a los ejidatarios que “obstaculicen o impidan la operación y funcionamiento del servicio de estacionamiento” en el aeropuerto.

La resolución del incidente 896/2017 señala que se concede la suspensión provisional “para el efecto de que no se ejecute la resolución reclamada de 16 de agosto de 2017 y surtan efectos las medidas precautorias decretadas en el procedimiento de origen el 9 de enero de 2017”.

López López recordó que hace más de ocho meses el juez 10 de lo Mercantil concedió medidas cautelares para garantizar que el estacionamiento siguiera funcionando. Sin embargo, precisó, el ejido trató de combatir los efectos y presentó un recurso que fue atendido por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual resolvió a favor de El Zapote y ordenó que se modifiquen las medidas cautelares.

Después de eso, el aeropuerto presentó una demanda de amparo, en la cual le fue concedida la suspensión para que “las medidas del 9 de enero de 2017 continúen surtiendo sus efectos, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

El abogado explicó que, con esta resolución, las autoridades estatales y federales están obligadas a garantizar las seis medidas cautelares que se habían dictado, todas orientadas a que los ejidatarios no impidan el funcionamiento, no realicen manifestaciones ni levanten las plumas del estacionamiento.

En la suspensión se ordena de inmediato la notificación a los terceros señalados, que son el Aeropuerto Guadalajara, SA de CV, y el Ejido El Zapote, ubicado en Tlajomulco.

El argumento que se señala en la suspensión es que con las medidas cautelares “no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, como sería el derecho al libre tránsito”. Además, agrega, tampoco “se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público”.

Detienen marchas

Hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su caso, los ejidatarios de El Zapote detendrán las marchas que realizan para defender el pago justo por sus tierras, mismas donde fue construido el aeropuerto.

Los hermanos Evangelina y Nicolás Vega señalaron que el origen de esta pausa también es para no afectar las labores de rescate por el sismo que afectó a la Ciudad de México, Puebla y Morelos; mientras tanto mantendrán los plantones en las inmediaciones del aeropuerto de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

“No va haber marchas hasta que no consideremos el momento oportuno, en forma indefinida, hasta que el ejido vea el momento oportuno volverá a haber marchas, aunque sí mantenemos los plantones dentro del aeropuerto”.

Los ejidatarios recordaron que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito ordenó revocar la resolución del juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en la que daba por pagadas las tierras a los ejidatarios y que presumían las autoridades federales para dar por terminado el conflicto.

Este tribunal colegiado ordenó pagar daños y perjuicios por los terrenos, hacer nuevos avalúos y enviar el caso a la SCJN para que determine si el juez tercero actuó apegado a la ley o no. Calculan dos meses de espera.

Los avalúos presentados por este ejido el 20 de septiembre suman en total 4 mil 512 millones 915 mil 622 pesos: uno hecho por el perito Alejandro González Llamas por daños, por 3 mil 827 millones 915 mil 622 pesos, y otro por Víctor Escoto García, quien contabilizó los perjuicios por 694 millones de pesos.

Los ejidatarios señalaron que llevan 53 años de lucha por las 307 hectáreas en disputa.

Sergio Arturo Pérez Rea, abogado del ejido, explicó que el juez Tercero de Distrito declaró el 30 de junio como cumplida la ejecutoria de amparo, pero la impugnaron a través de un juicio de inconformidad y les dieron la razón.

Aclaró que el 12 de septiembre le ordenan al juez reponer el procedimiento y que se ofrezcan pruebas; ellos ya aportaron los avalúos y falta la contraparte.

Recordó que están en la última parte de la defensa legal porque la Suprema Corte es la última instancia y su respuesta podría dar por terminado el pleito legal.

“La Corte es la máxima autoridad en nuestro país que imparte justicia y es la que también puede determinar que le regresen las tierras al ejido, si no las quieren pagar”.

Nicolás Vega mencionó que hicieron una colecta de 100 mil pesos en la última asamblea para apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre; cuando entreguen el donativo mostrarán el recibo.

“El ejido sentimos las desgracias que están pasando en el país, sentimos que también no son momentos muy apropiados para esta serie de demandas, que sabemos que tenemos la razón”.

“La Corte es la máxima autoridad en nuestro país que imparte justicia y es la que también puede determinar que le regresen las tierras al ejido, si no las quieren pagar”
Sergio Arturo Pérez Rea, abogado del ejido

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