Alerta sísmica

Llegamos a un mes del sismo del 19 de septiembre y pasó casi mes y medio del 7 de septiembre negro para Oaxaca y Chiapas.

Muy puntual, la Presidencia de la República mostró un balance actualizado: el costo de la reconstrucción ascendería (a este corte que se hizo el 17 de octubre) a 48 mil millones de pesos.

El conteo de viviendas que resultaron con algún tipo de daño sumó 180 mil 731, de las cuales el mayor número está en Oaxaca y Chiapas, con 63 mil 336 y 59 mil 397 respectivamente. En menor medida, Guerrero con 2 mil 976.

La Presidencia reportó que en Chiapas y Oaxaca inició la etapa de reconstrucción; en el caso de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México avanza la demolición de inmuebles, mientras que en Guerrero y la Ciudad de México está por concluirse el censo de daños y en todos continúa la dispersión de recursos económicos y en especie para apoyo a la población damnificada.

El balance oficial incluyó el patrimonio cultural dañado: mil 821 edificaciones entre iglesias y monumentos en 11 entidades. Para restaurar habrá que invertir más de 8 mil millones de pesos.

Pero hay otro balance actualizado: el de los ciudadanos. Éste dice que entre el panorama de destrucción y escombros, de los enormes huecos que quedaron donde antes hubo construcciones y de las miles de personas que permanecen viviendo en la calle, emergen imágenes que remiten al abandono, la corrupción, la incompetencia gubernamental, la ausencia de planeación, la burocracia y el lucro electoral.

En las entidades sumidas en la desgracia, ahora los puños en alto no son para guardar silencio, al contrario, son para levantar la voz.

Para la sociedad, el recuento no es sólo cosa de números. Reclama que los problemas que se han arrastrado por años y que con los sismos quedaron expuestos (otra vez) también deben entrar al censo porque han hecho mucho daño y han costado vidas.

No en balde una decena de organizaciones de la sociedad civil está señalando que el país enfrenta un proceso de reconstrucción y regeneración urbana que requiere acompañamiento permanente en sus diferentes fases y dar información y certeza a la ciudadanía.

Lo que plantean 10 grupos, entre ellos la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU), la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC, y los colegios de Arquitectos de la Ciudad de México, AC; de Urbanistas de México, AC, y Mexicano de Ingenieros Civiles, AC, es que el país no está ante una reconstrucción que tiene que ver sólo con reposición de viviendas; también tiene que ver con restaurar la vida de las personas en las ciudades afectadas y la confianza en las instituciones.

En este último punto, estos ciudadanos señalan la clara debilidad de las instituciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, de ahí su exigencia de que se incluya a las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de la toma de decisiones y los avances del gobierno.

Quieren una reconstrucción pensada, planeada, que mire hacia atrás, vea los errores cometidos y no vuelva a incurrir en ellos.

Por eso demandan que la Federación y los gobiernos estatales operen sus planes desde un modelo participativo en el que la ciudadanía se sienta titular de derechos, no beneficiaria de un programa asistencial o electoral.

Quizá de esa forma Oaxaca y Chiapas no vuelvan a quedar en el abandono en el que estaban. Uno que, por cierto, están descubriendo los políticos y que es de tal magnitud que ni vías suficientes hay para hacer llegar los materiales para la reconstrucción o para que fluya la ayuda que cubra las necesidades de alimento, agua, ropa y demás.

En conclusión, ¿qué dejan los sismos? Una alerta que se sigue activando con cada atisbo de desconfianza, con cada reclamo por el lento proceder de los gobiernos ante el panorama de desastre y con cada día en que miles deben vivir en la calles.

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JJ/I