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Descarado
El voto despojando afores
Recientemente, el Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017. Esa encuesta provee información sobre la población víctima de delitos, así como de la percepción social respecto de la seguridad pública y del desempeño de las autoridades.
La Envipe muestra que los costos del delito y la inseguridad fueron considerables en México durante 2016. Particularmente, las estimaciones de la encuesta muestran que: 1) Los costos en hogares ascendieron a 229.1 millones de pesos; 2) el costo promedio del delito por persona afectada fue de 5,647 pesos; y, 3) 34.2 por ciento de los hogares fue víctima de algún delito.
¿Cuáles fueron los delitos más comunes? Según la encuesta los mismos fueron: 1) El robo o asalto en la calle (25.9 por ciento); 2) La extorsión (24.2 por ciento); 3) El fraude (12.6 por ciento); 4) El robo de vehículo (11.3 por ciento); y, 5) Las amenazas verbales (7.8 por ciento). Las pérdidas por victimización fueron estimadas en 147.1 mil millones de pesos.
La encuesta también muestra que el delito es más generalizado de lo que se denuncia. Particularmente, las estimaciones sugieren que el año pasado hubo 31.2 millones de delitos. De estos, 29.2 millones no tuvieron denuncia o no tuvieron averiguación previa. Estos delitos, conocidos como la cifra negra, equivalieron al 93.6 por ciento de los denunciados.
La encuesta también señala que las razones por las cuales los delitos no fueron denunciados son atribuibles a las autoridades. Estas razones incluyen: 1) La pérdida de tiempo (33.1 por ciento); 2) La desconfianza en la autoridad (16.5 por ciento); 3) Los trámites largos y difíciles (8 por ciento).
Las estimaciones sugieren que los costos totales del delito y de la inseguridad pudieran estar subestimados. Si bien dichos costos en los hogares fueron cuantificados en una cifra equivalente al 1.1 por ciento del PIB, debe recordarse que dichos costos no siempre son monetarios. Usualmente, los costos sicológicos y emocionales no se cuantifican.
Finalmente, debe señalarse que la encuesta evidencia que se requiere mejorar la eficacia y eficiencia del poder judicial mexicano, reducir su burocracia y mejorar la calidad de su servicio. Estas reformas sin duda alguna son urgentes. Se necesitan reducir los niveles de delito e inseguridad para mejorar el bienestar de la población y promover el crecimiento del país.
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JJ/I