Necesario, reconocer a indígenas excluidos

Resulta absurdo que el gobierno de Jalisco no reconozca legalmente la existencia de algunas comunidades indígenas, consideró el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón.

La Ley sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado reconoce únicamente la existencia del pueblo wixárika, los nahuas del sur de Jalisco, la población indígena migrante residente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y de la población indígena jornalera agrícola; por lo que comunidades como los tepehuanes del norte del estado o los cocas establecidos en la ribera de Chapala quedan excluidos de la protección legal.

Es una situación que, a decir del ombudsman, no puede prevalecer.

“Este tipo de situaciones resultan paradójicas, el que les tengamos que llamar migrantes en lo que hoy es el territorio mexicano cuando anteriormente era el territorio de los pueblos originarios, y que ahora se requiera que una ley determine quién es o quién no es indígena”, comentó.

Agregó: “Hemos llegado al absurdo de que algunos programas sociales no llegan a ciertos pueblos porque han perdido algunos elementos de la identidad, como es la lengua, cuando los propios programas operativos de algunas instituciones dejaban de lado el hecho de que prácticamente les fue arrancada esa identidad. La CEDHJ quiere visibilizar esta situación porque no puede haber un país sin la presencia de nuestros pueblos originarios”.

Encuentro

Lo anterior lo expuso tras participar en el primer encuentro estatal denominado Los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales).

En el foro, organizado por el organismo defensor estatal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), se encontraron diversos pueblos indígenas del estado con miras a generar una agenda de trabajo que logre garantizar de forma efectiva sus derechos.

Mediante tres mesas de trabajo tituladas Constitución, DESCA y territorio, Medio ambiente y acceso a la justicia y Documentación de casos DESCA, integrantes de las comunidades wixárika, nahua, coca, otomí, purépecha, chichimeca, mixteca y zapoteca, asentados en el estado, intercambiaron experiencias y puntos de vista sobre las problemáticas a las que se enfrentan de forma cotidiana.

Violaciones

A pesar de los tratados internacionales de protección a los pueblos indígenas a los que México se ha adherido y de la protección constitucional con que se cuenta, las violaciones a los derechos humanos de las personas indígenas son constantes.

“En los megaproyectos, lamentablemente, no tenemos el todavía el tema de la consulta, no obstante que está en la Constitución (...) Un ejemplo es el pueblo wixárika, que sus santuarios están en San Luis Potosí y para llegar tienen que cruzar ellos por áreas que actualmente están siendo explotadas por mineras y que no les permiten el paso, ¿cuándo se les consultó cuando se dieron esas concesiones?”, cuestionó Margarito Cruz Mateos, director de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la CNDH.

En 2016, la CNDH emitió una recomendación general en la que insta a las autoridades federales y locales a crear legislaciones sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. En ella, se hace un recuento de diversos casos, entre los que se recoge que las autorizaciones para la operación de mineras en el territorio sagrado de Wirikuta “vulneraron los derechos humanos a la consulta y participación, al uso y disfrute de los territorios indígenas, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al agua potable, al saneamiento y a la protección a la salud del pueblo wixárika”.

Ahora, el organismo defensor ha decido publicar dicha recomendación en 10 lenguas indígenas.

Cruz agregó que, junto con el acceso a la educación y a la justicia, la indebida o nula prestación de servicios de salud es la razón por la que más quejas se presentan por parte de los pueblos originarios.

“Normalmente es el problema de la medicina. Constantemente vemos en medios que alguna persona indígena tuvo a su bebé en el jardín, en el pasillo, no la atendieron. También está el tema de la lengua. Normalmente los médicos no la hablan y no hay traductores. Ése es un tema muy complicado, tengo entendido que hay alrededor de 600 traductores a nivel nacional que tiene el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Para un población de 15.3 millones de indígenas, 68 pueblos y 364 variantes, perdón, pero no es posible”.

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“Este tipo de situaciones resultan paradójicas, el que les tengamos que llamar migrantes en lo que hoy es el territorio mexicano cuando anteriormente era el territorio de los pueblos originarios”
Alfonso Hernández Barrón, titular de la CEDHJ

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